El sindicato ha puesto sobre la mesa las necesidades en las instituciones penitenciarias.
El secretario general de la Sección Estatal de CCOO en Instituciones Penitenciarias, Ángel Moreno, visitó ayer nuestra ciudad para denunciar el déficit estructural de 2.800 plazas que supone un 12% del personal total en las cárceles, con un 28% de plazas sin cubrir. “Esto se traduce en que actualmente las funciones son imposibles de gestionar porque falta casi un 30% de personal sin cubrir”.
En nuestra ciudad, la situación es “extremadamente grave”, ya que las cifras se sitúan en un 20% de plazas sin cubrir, un 35% de vacantes en personal laboral y un 13% en personal funcionario. Actualmente hay 35 vacantes de una plantilla de solo 171 trabajadores.
En el caso de colectivos como el de los cocineros donde sólo hay una plaza, se producen situaciones en que esta persona se encuentra de vacaciones o de baja y se cubre con personal no cualificado. “Eso puede generar alguna intoxicación alimentaria”, apunta Moreno. A ello se suma el envejecimiento de las plantillas, cuya media en el centro ceutí se sitúa en 54 años.
La reinserción, eje por el que se guían las instituciones penitenciarias, “se ha convertido en una mera declaración de intenciones”, apunta Moreno, quien estima que con ese número de trabajadores “nos resulta imposible garantizar la seguridad de los trabajadores”.
Moreno también acusa al Gobierno de la “privatización” a la que está siendo sometido el centro penitenciario de Los Rosales. “Quiere convertir la prisión en un espacio susceptible de negocio. Interior ha invertido 91 millones de euros para contratar empresas privadas que realicen la vigilancia exterior, funciones que tienen encomendadas actualmente las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”. Con esta cantidad, añade, se podrían haber creado 2.500 puestos de trabajo.
Además alude a la “falta de información y oscurantismo” respecto a la apertura de la nueva cárcel de Loma Mendizábal prevista para dentro de seis meses. Consta de 648 celdas residenciales y 152 complementarias (enfermería, ingreso y aislamiento), a las que se suman otras 100 para los internos de tercer grado, lo que suma un total de 1.400 internos. Actualmente se dispone de 140 trabajadores, mientras que se requieren de unos 500 trabajadores. “Es una absoluta falta de irresponsabilidad por parte del Ministerio del Interior abrir un centro penitenciario, sin ni tener en cuenta si va a haber plantilla o no”.
Otra de las cuestiones que ayer puso Moreno sobre la mesa es el perfil de la población penitenciaria. “No podemos llenar el centro de internos magrebíes que, estadísticamente, son los que más presencia tienen, pero no podemos hacerlo porque impedirían la reinserción”.
La secretaria general de CCOO en Instituciones Penitenciarias, Agustina Fontalba, reivindicaba la implantación de un transporte, por parte de la Secretaría
General, para los trabajadores que tuvieran que trasladarse hasta el nuevo centro. “Ya que no hay un servicio de autobuses es algo que consideramos básico por la situación del nuevo centro fuera de la ciudad”.
Cuatro de los cinco sindicatos de prisiones con representación en la ciudad autónoma (ACAIP, APFP, UGT y CSi-F) han transmitido un escrito al director del Centro Penitenciario de Los Rosales sus quejas sobre el trabajo del administrador de la prisión, Jesús María F.G, asegurando que supone una “seria amenaza de riesgo laboral, tanto para los trabajadores del centro como para los internos”, por lo que han pedido su cese, según publica Lainformacion.com. Y es que, el administrador impone “continuamente a determinados internos del establecimiento la realización de tareas que le competen en exclusiva al personal contratado de las empresas adjudicatarias del servicio de limpieza y mantenimiento”.
El administrador ordena de forma cotidiana a los internos la “realización de obras de nueva construcción, así como tareas de mantenimiento y reparación”. En algunas ocasiones utilizan herramientas que “podrían provocar incidentes con los funcionarios que están allí, pese a que no tienen por qué realizarlas ya que para eso hay personal de limpieza y mantenimiento", insisten fuentes sindicales.
En el documento se recoge un caso en que el administrador detectó un trozo de cemento en una zona y ordenó la eliminación a una interna a la que le dio una garrafa de un producto químico sin facilitarle ninguna medida de protección. Fruto de esta situación, se originó una nube tóxica que fue sofocada con cubos de agua desde la más absoluta ignorancia de cómo evitar un accidente de este tipo. Otra de las quejas sindicales van en la línea del trato “vejatorio y degradante” a los internos.
La prisión de Los Rosales cuenta en la actualidad con unos 140 presos, controlados por turnos por 130 funcionarios. La cárcel cerrará sus puertas previsiblemente a finales del primer trimestre de 2017, cuando se abra el nuevo centro penitenciario, en Fuerte Mendizábal. Pero, a pesar del cierre inminente, el administrador, siempre según los sindicatos, ha decidido poner en marcha obras de adecuación “con la excusa de que hay que gastar el dinero de Madrid”. “Pero hace obras sin ningún sentido, cuando son necesarias otras muchas que no se hacen hasta que se cambie de instalaciones”, sentencian. Entre las actuaciones de mejora que solicitan los firmantes se encuentra la remodelación del departamento de la puerta principal para que los funcionarios y los guardias civiles dispongan de un lavabo público. También solicitan la construcción de una salida de emergencia en la zona de la cocina, ya que con las condiciones actuales “existe un elevado riesgo de incendio e incluso deflagración” a causa de que en un “reducido espacio. Hay cuadros y fuentes eléctricas, gases, humo, fuego.... Incluso algunos presos no disponen de lavabo en sus celdas”.
Por último, los sindicatos consideran que el administrador se dedica a “invadir competencias” que no son propias de su cargo. “Se dedica a tomar decisiones a diario sobre seguridad, además de transmitir órdenes propias del director”.
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