Son recurrentes nuestros políticos publicitándose en prensa con proyectos de cuyo olvido y mala praxis son los responsables, sin caer en la cuenta que no todos los ciudadanos padecemos aún una falta grave de memoria o pertenecemos a ese selecto club nepotista que no para de mostrar favoritismo a familiares o amigos cercanos, especialmente en asuntos como nombramientos, oposiciones, promociones, ascensos o decisiones de contratación y que a partir de ese preciso instante, nada ven, nada oyen y nada dicen sobre los excesos que se cometen.
En octubre anunciaron la necesidad de una escuela infantil en Loma Colmenar y hace unos días se publica en prensa una nueva licitación para la Pecera. Recordemos hace unos años fue presentada en las Consejerías de Hacienda y de Cultura, un anteproyecto de un Centro de Educación Infantil (CEI) de 0 a 3 años, con una capacidad mínima de 204 plazas.
El emplazamiento disponía de una superficie de 21.451 m2 y de todos los servicios urbanos a pie de parcela, una magnifica vista a la bahía sur, una explanada dominante y sin el más mínimo desnivel. Con la construcción del CEI, además de aliviar la presión de construcciones ilegales, se conseguía la edificación de un centro de 1500 m2 de superficie, con una zona ajardinada a su alrededor en un barrio que las necesitaba tanto como las instalaciones educativas.
"El tiempo acordado de concesión era de 22 años, periodo estimado por la empresa solicitante para recuperar el capital invertido"
Concluía la memora con un estudio de viabilidad económica que fijaba la cantidad a satisfacer por niño con o sin comedor. El tiempo acordado de concesión era de 22 años, periodo estimado por la empresa solicitante para recuperar el capital invertido en la construcción del CEI, finalizado el cual, revertiría de nuevo a la ciudad junto con las instalaciones construidas sobre él y cualquier cambio, afectaría exclusivamente al tiempo de concesión que sería la variable, nunca a la cantidad a satisfacer por los padres que sería inalterable. Prácticamente fue la primera oferta en esta ciudad bajo lo que se conoce como “Derecho de Superficie”.
"Para sorpresa de muchos ciudadanos, no se construyó algo parecido a lo proyectado y publicitado en los medios de comunicación"
La elección fue fácil para el gobierno de entonces siguiendo el principio básico al que nuestros magníficos dirigentes nos tienen acostumbrados; “Si algo puede salir mal, lo harán peor”. A la suma del dinero facilitado por el Ministerio de Educación la ciudad añadió casi 0,4 M de euros con lo que el montante de la inversión superaba los 2 M de euros.
Pero para sorpresa de muchos ciudadanos, no se construyó algo parecido a lo proyectado y publicitado en los medios de comunicación de forma reiterada y cansina, sino que se malgastó en la remodelación de los bajos de los pisos de Juan XXIII.
Es decir, que una obra nueva con todos los adelantos y acondicionamientos de un CEI con las última incorporaciones arquitectónicas y educativas, valorada en 1.584.500,00 de euros y que costaba a esta administración cero euros, fue abandonada, por los “talentosos” de aquel momento, que decidieron gastar más de 2 M de euros en acondicionar los bajos de Juan XXIII. Malas condiciones que recientemente reconocía la propia consejera de cultura, olvidando que este tipo de centros son competencia de ella y por extensión de su consejería.
Con accesos peligrosos y estrechos a los que únicamente se puede acceder a pie bordeando en plena curva una carretera nacional, con un emplazamiento donde ni siquiera las palmeras sobreviven al viento de levante y con continuas peticiones de mejoras de las instalaciones a cargo de las trabajadoras para los que la administración local se ha gastado un dinero que con toda seguridad se tenía que haber aprovechado con mayor diligencia. Sobre todo, y tal vez más importante, se trata de la prueba evidente de una pésima gestión del dinero público y la demostración palpable de que los servicios sociales o asistenciales, basados en la idea de solidaridad y cohesión social, también se gestionan por nuestros dirigentes con la parte más escatológica del cuerpo humano.
"Se trata de la prueba evidente de una pésima gestión del dinero público"
Alguno de estos gestores debía recordar que, en la contratación de un servicio social o asistencial, la oferta más económica no puede ser el único criterio objetivo o el más valorado. El resultado de escoger lo más barato no es aceptable en la educación.
Tampoco podemos olvidar la historia para no dormir cuando añadieron tres días después de la apertura de los sobres 19 trabajadores en turno de tarde fuera de horario para actividades recreativas, artimaña para que la sociedad del empresario y político del PP en Cantabria Eduardo Arasti Barca se llevase el concurso. Todo ello explicado perfectamente en la prensa de aquel momento.
El actual proyecto dispondrá de un bonito kit de alpinismo para que los chavales puedan practicar escalada y descenso sin tener que ir a los Pirineos y además en lugar de jardines, que son lugares muy sucios y peligrosos, los niños podrán jugar encerrados en los espacios determinados como de “recreo” en la primera y segunda planta del edificio a construir, así se evitarán insolaciones y el exceso de vitamina D.
"A la política deberían llegar los mejores y los más decentes, si no es así, en algún momento habrá que legislar para que reciban el correspondiente castigo jurídico"
Si hacemos la comparativa entre los dos proyectos, por el emplazamiento, zonas ajardinadas, coste para la ciudad, diseño, superficie, etc. dan ganas de sacar de la oreja a tan excelentes gestores del Consejo y ponerlos de rodilla en el rincón del Ayuntamiento, pero por desgracia, se comerán impunemente una buena parte del presupuesto de la ciudad para solucionar su negligencia. Es lo que tenemos.
Cuando los políticos afirman que están comprometidos con los ciudadanos y el buen gobierno, han de ser conscientes de que pactan con nosotros un contrato continuamente incumplido por una de las partes, la de ellos.
A la política deberían llegar los mejores y los más decentes, si no es así, en algún momento habrá que legislar para que reciban el correspondiente castigo jurídico ante tanta indecencia moral y en el mejor de los casos, incompetencia, pero por ahora solo reciben el desprecio de quienes los tenemos que soportar y que se traslada a la abstención activa política, como uno de los posibles posicionamientos o posturas ante una consulta popular.
Cuando ahora lo conveniente es actuar transformando lo privado en público, me asalta la duda sobre la capacidad que tienen nuestros “premiados” para llevarla a efecto, una vez comprobada la atención prestada a los servicios educativos dependientes del Ayuntamiento.
La correspondencia y obligatoriedad entre lo prometido en campaña y lo hecho es una demanda social que ha de ser atendida por el legislador, pero es algo que no les interesa. Legislan en beneficio propio, olvidando que una Ley debe obedecer a la necesidad de la ciudadanía para regular un hecho que evidentemente lo necesita. Hace muchos años que esto no ocurre y es necesario exigirlo.
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