La Confederación de Empresarios de Ceuta (CECE) ha reclamado que cualquier iniciativa destinada a “blindar” el plus de residencia de los trabajadores de la ciudad se aborde respetando las competencias de cada institución y a través de los mecanismos de diálogo social y negociación colectiva.
La organización empresarial ha señalado que comparte la necesidad de reconocer y compensar las especiales circunstancias derivadas de la extrapeninsularidad de Ceuta y de garantizar la estabilidad de los derechos económicos y laborales de quienes desarrollan su actividad en la ciudad. Sin embargo, ha advertido de que la regulación de una condición salarial en el sector privado no puede realizarse únicamente mediante declaraciones políticas.
La CECE ha recordado que una declaración institucional aprobada por la Asamblea de Ceuta puede expresar una posición política o trasladar reivindicaciones al Gobierno de España, pero no tiene capacidad para fijar directamente las retribuciones de los trabajadores de empresas privadas ni para modificar convenios colectivos.
En este sentido, ha subrayado que los partidos políticos pueden impulsar propuestas y promover cambios normativos, aunque no sustituir a las organizaciones empresariales y sindicales en la determinación de las condiciones laborales.
La Confederación ha explicado que la competencia legislativa en materia laboral corresponde al Estado, por lo que cualquier modificación del régimen jurídico del complemento de residencia debe tramitarse a través de las Cortes Generales o del Gobierno de España.
La organización empresarial ha insistido en que cualquier medida que afecte al salario, a la cuantía del complemento o a su forma de aplicación entra directamente en el ámbito de la negociación colectiva.
Por ello, ha defendido que empresarios y sindicatos deben participar necesariamente en cualquier propuesta que pretenda modificar el plus de residencia en el sector privado.
Según indica la CECE, el diálogo social no puede limitarse a informar a las partes una vez tomada una decisión, sino que debe incluir una negociación previa, el análisis de las consecuencias de la medida y la búsqueda de acuerdos equilibrados.
Asimismo, ha señalado que esta cuestión cobra especial relevancia tras la inclusión de España en 2026 entre los casos examinados por la Comisión de Aplicación de Normas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en relación con el Convenio 144 sobre consulta tripartita.
La Confederación también ha querido diferenciar entre la situación de los empleados públicos y la de los trabajadores de empresas privadas.
Mientras que las retribuciones de los funcionarios y del personal de las administraciones se financian con cargo a los presupuestos públicos, en el sector privado los salarios son asumidos por las empresas y se regulan mediante la legislación laboral y los convenios colectivos.
Por este motivo, la CECE ha advertido de que cualquier incremento o modificación del plus de residencia tendría una incidencia directa sobre los costes laborales, la competitividad empresarial, la contratación y el mantenimiento del empleo.
La organización considera que no resulta coherente atribuir a las empresas privadas en exclusiva el coste de una compensación que responde a una desventaja territorial derivada de la situación geográfica y administrativa de Ceuta.
En consecuencia, plantea que, si el Estado considera necesario reforzar esa compensación para todos los trabajadores, estudie mecanismos de financiación como bonificaciones, incentivos fiscales, ayudas directas o medidas presupuestarias específicas.
La Confederación ha señalado además que el término “blindaje” debe concretarse para conocer exactamente qué se pretende modificar. Entre otras cuestiones, ha indicado que es necesario aclarar si la propuesta busca garantizar la existencia del complemento, aumentar su cuantía, modificar su porcentaje, impedir su absorción o ampliar los colectivos beneficiarios.
A juicio de la CECE, cada una de estas opciones tendría consecuencias jurídicas y económicas diferentes, por lo que considera imprescindible acompañar cualquier iniciativa de una memoria económica y de un análisis sobre su impacto en el empleo.
La organización empresarial ha concluido defendiendo que cualquier reforma relacionada con el plus de residencia debe respetar las competencias de cada actor implicado. Así, manifiesta que la Asamblea puede reivindicar, los partidos políticos pueden proponer y el Estado puede legislar, pero las condiciones salariales del sector privado deben negociarse dentro del marco del diálogo social entre empresarios y sindicatos.
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