La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) presentó ayer, por decimoséptimo año consecutivo, su informe anual que analiza la situación de las personas refugiadas en el mundo, en la Unión Europea y, principalmente, en España a lo largo de 2018. El primer asunto en el que se cita a Ceuta es sobre el recurso de apelación interpuesto por esta Comisión y que fue estimado por la
Audiencia Provincial de Cádiz, por los “dramáticos hechos” sucedidos en
la playa del Tarajal en 2014. Un logro para esta institución después de que el 26 de enero de 2018 el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 6 de Ceuta volviera a archivar la causa. CEAR lamenta que “la impunidad sigue planeando sobre la tragedia de El Tarajal”.
De igual manera, vuelven a destacar que la oficina de asilo, ubicada en la
frontera del Tarajal, no ha recibido solicitud alguna de asilo, mismo dato que se viene registrando año con año desde que ésta se abrió, destacando que “estas cifras revelan la imposibilidad para las personas subsaharianas de llegar físicamente a estas oficinas de asilo. Así, de facto, como única manera de acceso al procedimiento de asilo, se les condena a arriesgar su vida para alcanzar territorio español por mar o saltando el perímetro fronterizo”.
En cuanto a los intentos de entrada, CEAR reconoce que se han continuado durante el 2018, así como las devoluciones en caliente, “declaradas ilegales en primera instancia por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH)114, con la intervención de CEAR como tercera parte”. La Comisión augura que en 2019, la Gran Sala del TEDH dictará la sentencia definitiva sobre la legalidad o ilegalidad de estas medidas. Mientras tanto, detalla en el informe, el Gobierno se ha acogido a esta situación de espera para mantener esta práctica durante 2018, así como el régimen especial de Ceuta y Melilla de la disposición adicional décima de la Ley de Extranjería.
Para CEAR no ha pasado desapercibido el acto de devolución que se llevó a cabo en la frontera del Tarajal el pasado 23 de agosto, cuando al Policía Nacional entregó a Marruecos a 116 personas subsaharianas que habían saltado la valla el día anterior. En aquel momento, recuerda la Comisión, el Ministerio del Interior justificó esta medida alegando la aplicación del Acuerdo Bilateral de Readmisión España-Marruecos de 1992 y aseguró que se había realizado de manera individual, con asistencia letrada y de intérprete. Sin embargo, CEAR denuncia en este informe que este procedimiento acelerado impide detectar personas en situación de vulnerabilidad o con necesidad de protección internacional, como constató el Defensor del Pueblo. A pesar de estas advertencias, en octubre volvió a procederse a la devolución a Marruecos, invocando el mismo Acuerdo, de 55 personas que habían entrado por la valla de Melilla. En esta ocasión, tanto CEAR como el Colegio de Abogados de Melilla denunciaron estas devoluciones aceleradas al estimar que se limitó su derecho de defensa y la vulneración del principio de no devolución al ser retornados a Marruecos, un país que no puede ser considerado seguro.
A pesar de todas estas dificultades para acceder al territorio que señala CEAR en su informe, en 2018 348 personas consiguieron solicitar protección internacional en Ceuta. No obstante, un año más, estos solicitantes de asilo, a diferencia de los que lo hacen en la Península, vieron limitada su libertad de movimientos debido a la inclusión en el documento que les acredita como solicitantes de asilo de la frase “Válido solo en Ceuta/Melilla”.
El Servicio Jurídico de CEAR siguió recurriendo esta limitación y logró nuevos pronunciamientos del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que reconocieron la libertad de circulación por todo el territorio español a las personas solicitantes de protección internacional y señalaron que la negación de su traslado a la Península supone una vulneración de sus derechos fundamentales. A pesar de todos estos pronunciamientos, el Ministerio del Interior “mantuvo la limitación de este derecho”.
Cita en este informe el caso de Said, un marroquí que solicitó protección internacional debido a la persecución sufrida por su orientación sexual y que intentó cruzar a la Península en kayak, siendo rescatado finalmente por Salvamento Marítimo. “Necesitó atención psicológica continuada por el estado de ansiedad y tristeza que le había originado estar sometido a vejaciones y humillaciones continuas en esta ciudad, donde permanecía confinado”.
Por lo tanto, una de las propuestas que CEAR expone en las conclusiones de este informe anual es suprimir las restricciones a la libertad de circulación de solicitantes de asilo en Ceuta y Melilla y los criterios “discrecionales y discriminatorios” para realizar traslados a la Península. Garantizar el cese de las devoluciones ilegales de personas que llegan a las fronteras de estas dos ciudades, así como por los puestos fronterizos de Ceuta y Melilla donde pueden solicitar asilo “con todas las garantías”.