CCOO y UGT exigen la devolución de derechos y poder adquisitivo

• Los responsables de Administración General del Estado de ambas centrales a nivel nacional, de visita en la ciudad

El secretario general del Sector de la Administración General del Estado de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras (FSC-CCOO), José Manuel Vera, y su homólogo de la Federación de Empleados de Servicios Públicos de la Unión General de Trabajadores (FeSP-UGT), Carlos Álvarez, visitaron ayer Ceuta para concentrarse a mediodía ante la Delegación del Gobierno junto a varias decenas de delegados sindicales para exigir la recuperación de los derechos “arrebatados” durante la crisis tras una pancarta con el lema ‘Por unos PGE que garanticen empleo público, salario justo y recuperación de derechos’.

Para los sindicatos de clase mayoritarios es inaceptable que el PIB “crezca” y los trabajadores sean “cada vez más pobres”.

En su comparecencia previa ante los medios junto a Emilio Postigo y Francisco Lobato, máximos responsables de FSC-CCOO y FeSP-UGT en Ceuta, los sindicalistas denunciaron que durante los últimos años el sector público ha perdido en la ciudad autónoma más de un millar de empleos y que quienes han conservado su trabajo han visto cómo se les quitaban “derechos ganados a pulso” y han sufrido una pérdida de poder adquisitivo que, en el mejor de los casos, alcanza el 13%.

CCOO y UGT reivindican la recuperación de los derechos de los trabajadores recortados y una subida de salarios “acorde con la pérdida de poder adquisitivo acumulada desde el inicio de la recesión” ahora que los indicadores oficiales y el propio Gobierno “presumen de que somos el país que más crece en Europa”.

De momento, la oferta gubernamental no convence a la parte social pues la Administración “solo ofrece, pese a la recuperación económica, un 5,25% de incremento a lo largo de tres años: un 1,5% en 2018, un 1,75% en 2019 y un 2% para 2020”.

Más allá del ámbito exclusivamente retributivo, los sindicatos de clase también reclaman otras medidas como que los empleados vuelvan a jornadas de 37,5 horas semanales, como antes de la depresión, o que en los Presupuestos Generales del Estado del próximo ejercicio se consignen fondos adicionales para el desarrollo del Estatuto Básico de Empleado Público.

Por un modelo de “crecimiento inclusivo”

CCOO y UGT exigen que los Presupuestos Generales del Estado para 2018 apuesten por “un crecimiento inclusivo” para que la riqueza llegue a toda la ciudadanía a través políticas que faciliten el empleo estable y con derechos, la recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores (incluidos los empleados públicos) y de los pensionistas, entre otros y la calidad de los servicios públicos. También piden un incremento significativo del Salario Mínimo Interprofesional para que antes de final de la legislatura llegue a los 1.000 euros mensuales, y avanzar hacia “el necesario cambio de nuestro modelo productivo”.

Jornada, incapacidad temporal, conciliación, jubilación...

Los sindicatos de clase consideran que es necesario que las Administraciones acepten revisar todas las modificaciones unilaterales del Estatuto Básico del Empleado Público que han supuesto “una merma en los derechos de los empleados públicos” durante los últimos años en lo tocante a la jubilación parcial, mejoras en materia de permisos y conciliación, etcétera.

También abogan por aprobar una oferta de empleo público que ponga fin a la tasa de reposición y que permita, a través de un plan de recursos humanos, aumentar las plantillas por encima de las jubilaciones "en los ámbitos donde sea necesario".

Igualmente reclaman la recuperación al 100% de la incapacidad temporal porque aunque en algunas Autonomías ya se ha ido produciendo algún tipo de negociación que ha permitido recuperar una parte, aspiran a recuperarlo todo y a que no haya diferencia entre las distintas comunidades, los ayuntamientos y la Administración General del Estado.

En la última Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas exigieron recuperar el papel de la negociación colectiva en todos los ámbitos, para concretar la jornada laboral pero también en “otras materias importantes como la carrera profesional, la devolución de las prestaciones por bajas, la formación, salud laboral o materias relacionadas con la igualdad, entre otras”.