La Sección Sindical de Comisiones Obreras (CCOO) ha reprobado este jueves en un comunicado a quienes intentan “emponzoñar” el trabajo de la plantilla del Servicio de Protección a la Infancia de Ceuta para “defender” al exconsejero Javier Guerrero tras su entrada en la cárcel por presuntos abusos sexuales de menores vulnerables en base a las pruebas recabadas durante meses de investigación por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil.
La central ha cargado contra las “difamaciones sin pruebas” vertidas en distintos foros y medios de comunicación y ha advertido a sus autores que si no aportan pruebas de sus insinuaciones “tendrán que rendir cuentas” ante la Justicia.
CCOO se ha referido en concreto a “un artículo” en “defensa” del político en prisión provisional en el que “se ha puesto en duda no solo la profesionalidad de un colectivo de empleadas y empleados públicos, sino que deja entrever comportamientos delictivos por parte del mismo”.
“Nos estamos refiriendo a las trabajadoras y trabajadores que realizan sus cometidos en el Centro de Realojo Temporal de La Esperanza, quienes, realizando su actividad laboral en unas más que difíciles condiciones, atienden en todas sus necesidades al gran número de menores que allí residen”, ha precisado el sindicato.
A juicio de Comisiones, “si ya de por sí es difícil desempeño el atender a menores con necesidades tan especiales a diario, ahora este personal ve perplejo cómo es cuestionado en su labor y casi acusado de la comisión de delitos por parte de un medio que no duda en emponzoñar el buen hacer, la profesionalidad y la humanidad de dichos profesionales para defender a un político y su comportamiento”.
El sindicato ha subrayado que “España aún es un Estado de Derecho y las actuaciones de nuestro ordenamiento jurídico plenamente garantistas, cosa que algunos parecen no haber asumido todavía de manera sectaria e injusta”.
La titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Ceuta ordenó en primera instancia archivar tras una investigación de la Policía Nacional las diligencias abiertas por supuestas coacciones a menores para que atribuyesen a Guerrero comportamientos impropios con niños que denunció el propio político y tres afines.
Ahora la causa, reabierta a petición del exconsejero, está pendiente de la declaración de un trabajador que primero secundó la existencia de un proceder reprobable en el encarcelado y después se retractó en un pacto privado. Entre las claves por resolver está si se queda con una primera u otra versión y los motivos de esa contradicción.
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