Comisiones Obreras presentará esta semana una reclamación del pago de lo que se le adeuda a los empleados públicos de la Administración en concepto del plan de pensiones. Según los cálculos hechos
por esta central sindical, la Ciudad adeuda más de 520.000 euros a los trabajadores, ya que desde 2018 no se está percibiendo esta prestación en sus nóminas.
Desde abril 2012, a causa de la crisis económica, bajo el Real Decreto Ley 20/2011 el Gobierno de la Nación determinó la suspensión de las aportaciones a los planes de pensiones y a los seguros colectivos, medida que afectó, por tanto, a los instrumentos de previsión social complementaria de los empleados públicos y de los derechos de los mismos.
Sin embargo, una vez que el Gobierno consideró que se estaba en una fase de recuperación y crecimiento económico, en la Ley 6/2018 sobre los Presupuestos Generales del Estado, publicada en julio del año pasado, se levantaba esa restricción para la aportaciones al plan de pensiones de cada trabajador, además de contemplar que se podía añadir un incremento del 0,2% de la masa salarial para proyectos que mejoren la productividad y del 0,3%, en el caso de que dicha Administración local presentara un superávit -como registró Ceuta-.
Sin embargo, según denuncia el secretario general de la Sección Sindical de CCOO en la Ciudad Autónoma, José Antonio López López, la Administración local no ha cumplido con esas aportaciones, pese a haberse levantado la restricción y aún presentando un superávit en sus cuentas de 2018. Además, se remonta a un acuerdo de 2008, cuando la Ciudad se comprometió a asumir los gastos de gestión y depósito del plan de pensiones, así como de los gastos que deriven de la realización de las revisiones financiero-actuariales y del seguro de responsabilidad civil, desde esa fecha en adelante, procediendo al abono de dichos gastos una vez que se hayan finalizado los trabajos e incluyéndose las cuantías por cada uno de dichos conceptos en la contribución que cada año realiza la Administración, situación que CCOO asegura que tampoco se ha cumplido.
Por lo tanto, y tras haber denunciado esta situación el año pasado, una vez que se levantó la restricción marcada por el Gobierno del Estado, el sindicato ha calculado que desde dicho levantamiento a la fecha, la Ciudad debe un aproximado de 440.000 euros a los empleados públicos de su plan de pensiones y, además, cerca de 90.000 euros en concepto de gastos de gestión, desde que la misma Administración local asumiera esta responsabilidad.
Más de medio millón de euros que se van a reclamar, además de los porcentajes de las subidas de la masa salarial aprobadas por el Ejecutivo nacional. López López insiste en que se trata de un dinero consolidado que se debe de abonar a los trabajadores, ya que se encuentra dentro de sus derechos y complementos por este concepto. “No es un acto sindical, es una cuestión de devolver a los trabajadores, a todos los empleados públicos, sus derechos. Es su dinero”, defiende López López, quien confirma que ya tienen el escrito preparado para presentarlo ante el registro de la Consejería de Economía, Hacienda, Administración Pública y Empleo.
Los pasos a seguir, según explica, es presentar esta reclamación previa, como ya hizo el año pasado tras el levantamiento de la restricción. De surtir el mismo efecto y si la Ciudad sigue sin cumplir con esta obligación, continuarán con una reclamación de cantidades a la Administración local que de ser ignorada, se trasladaría al Contencioso Administrativo, con el fin de judicializar el proceso y que sea la Justicia la que finalmente ordene, porque así está contemplado en la ley, que se le restituya a los empleados públicos todo el acumulado en concepto de plan de pensiones, así como que dejen de cobrarle los gastos de gestión que se han mantenido, pese a no percibir nada.