CCOO pide renegociar el protocolo de agresión a trabajadores de prisión

La central de Comisiones Obreras en Madrid ha emitido una carta abierta al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, solicitando la apertura de las negociaciones para acordar un nuevo protocolo integral frente a las agresiones a los trabajadores de los centros penitenciarios tanto de Ceuta como de todo el territorio nacional.

En este sentido, argumentan que debe cumplirse el convenio 190 de la OIT y la propia Ley 31/1995 de riesgos laborales, “que sitúe la violencia en el trabajo en el marco de la OMS” ya que, indican que las agresiones al personal penitenciario no forman parte necesaria de la actividad penitenciaria y se pueden “prevenir y reducir”.

Todo ello viene desencadenado por el fallecimiento de una trabajadora de este sector en una prisión de Cataluña y por esta razón el sindicato comisionista pone el foco en que “la violencia en el trabajo contra el personal penitenciario crece exponencialmente y que la seguridad y la integridad del personal no cuenta con los niveles de prevención y protección adecuados”.

Para la agrupación, “la violencia en el trabajo afecta negativamente el normal funcionamiento de este ser vicio público e incide en la propia reinserción y seguridad de la población reclusa”.

“Las agresiones aumentan”

“Las agresiones aumentan y con ellas las víctimas, la violencia en el trabajo tienen graves consecuencias a largo plazo no solo las físicas sino también las psicológicas, y no tenemos actualmente una respuesta eficaz frente a esta grave situación”, exponen desde CCOO.

Por esta razón, explican que “el Protocolo actual contra las agresiones (PEAFA), no ha acertado a responder a las mismas por su carácter paliativo y no preventivo”.

Asimismo, recogen las recientes declaraciones de Marlaska de ahondar en la seguridad de las cárceles, “seguridad que, sin ninguna duda, debe de comenzar en el personal penitenciario”, recalcan.

De esta manera, entienden que “es el momento de dotar al personal de un instrumento que prevenga, proteja y apoye a las víctimas del personal penitenciario agredido físicamente y en otras formas”.