EFE
La guerra entre el sindicato Comisiones Obreras y el Ministerio de Justicia en referencia al personal de la Administración de Justicia, trabajadores que se encuentran también en Ceuta, continúa su curso y esta se encuentra ahora en torno a la formación de estos empleados.
Sobre este asunto, han emitido un comunicado de prensa, realizando carias reclamaciones, ya que desde la formación expresan que la cartera ministerial “demuestra confundir a los Formadores (Gestores de Transferencia del Conocimiento) con los Operadores In Situ (OIS)”.
En primer lugar, piden información “cierta e inequívoca”, a la Subdirección General de Calidad de los Servicios Digitales, Ciberseguridad y Operaciones, para conocer “los motivos para el cese del contrato de los Formadores, así como los motivos por los cuales no se ha informado a los trabajadores de dicho cese de forma fehaciente, ni a los sindicatos que son miembros de la Mesa Nacional de Formación”.
Asimismo, exigen que se proyecte una nueva prórroga “de la contratación de dicho servicio que, a fecha actual, y siendo que nos encontramos en contexto de prórroga presupuestaria, debiera estar prevista y no debiera ser modificada unilateralmente y sin negociación”.
Por otra parte, comentan que tienen conocimiento de que el Ministerio “ha recibido innumerables firmas, escritos registrados y encuestas de satisfacción donde en todo momento se reclama la continuidad de los Formadores”.
En este sentido, expresan que la institución “no puede ni debe hacer caso omiso a semejante clamor, transmitido por quienes sí están en las mesas de nuestros Juzgados tramitando y conocen sus propias necesidades”.
Es por ello que piden que se explique el motivo “de por qué este servicio de formación y asistencia presencial de pronto ya no lo considera necesario, máxime a la vista de la unánime reacción de rechazo a su cese mostrada por el personal”.
También señalan que tienen conocimiento de que “se avecina el inminente cese de una plantilla de formadores presenciales, cuyos servicios tienen una altísima demanda por la plantilla funcionarial sin que se haya programado un relevo solvente, estructurado, consensuado y con objetivos de eficacia y eficiencia reales”.
Debido a esto, demandan un plan de relevo “de la transferencia de los conocimientos necesarios que indudablemente van a necesitar los TAI que vayan a asumir sus funciones”.
Por último, reclaman a la Dirección General que les informen sobre “todas las acciones formativas que tenga previstas para la implementación de la Ley Orgánica 1/2025”.
Asimismo, piden “unas condiciones técnicas actualizadas, con suficiente ancho de banda en los pueblos donde vayan a estar las funciones Oficinas Municipales de Justicia, así como en las cabeceras de partidos judiciales”.
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