CCOO volvió a denunciar ayer, horas antes de la nueva reunión de la mesa de la Función Pública, que el Gobierno se niega a incluir todas las plazas de la Administración de Justicia en la Oferta Pública de Empleo para 2014, limitándola a las 160 que convocará de secretarios judiciales.
El sindicato censura “la hipocresía del Gobierno, que prefiere mantener con empleo en precario” a unos 9.000 trabajadores interinos, de los que sospecha que muchos pueden ser víctimas de la amortización y eliminación de sus puestos. “La desfachatez que el Gobierno ha demostrado desde su toma de posesión sigue siendo parte de nuestro día a día, en este caso respecto a la Oferta Pública de Empleo”, subraya.
“Se han sacado de la manga en la Ley de Presupuestos Generales del Estado una imposibilidad de convocatoria de Oferta Pública de Empleo con la famosa tasa de reposición del 10%, mediante la cual no es, en teoría, posible convocar OPE superior a un 10% de las plazas que vayan quedando vacantes por jubilación”, insiste el sindicato como argumento en su queja.
“El Ministro Montoro ha anunciado a bombo y platillo que se va a saltar a la torera la Ley de Presupuestos Generales del Estado y la famosa tasa de reposición que él mismo se inventó, pero exclusivamente para los cuerpos de Inspectores de Hacienda e interventores y secretarios de ayuntamientos, alegando necesidades administrativas”, añade CCOO para insistir en la necesidad de reforzar las plantillas en el sector judicial.
Sin embargo la tasa de reposición SÍ que quieren que siga siendo aplicada al resto de los cuerpos y categorías de empleados y empleadas públicos, entre los que se encuentran los de la Administración de Justicia, pese a que las plazas de la Administración de Justicia, en el caso de incluirse en la OPE, no generarían un aumento en el gasto público al encontrarse cubiertas y presupuestadas en la actualidad en más de un 95% las vacantes existentes.
El Ministerio de Justicia ha reconocido una tasa de interinidad superior a 9.000 plazas. Y a pesar de ello, Gallardón es incapaz de obligar a Hacienda a incluirlas en la OEP
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