CCOO denuncia a Limpiasol y al ICD por "cesión ilegal de trabajadores"

CCOO de Ceuta ha presentado denuncia ante la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social contra la empresa Limpiasol, S.A. y el Instituto Ceutí de Deportes (ICD) por presunta cesión ilegal de trabajadores, "al no existir contrato entre ambas empresas para la prestación de servicios".

En reiteradas ocasiones este sindicato ha venido denunciando, ante la Inspección y posteriormente en vía judicial, la "falta de pago" de los salarios que se "adeudan" a los componentes de la plantilla. La empresa Limpiasol aduce que "no paga porque el ICD no le abona ninguna cantidad, al haber vencido el contrato, no habiéndose renovado puntualmente y no existiendo tampoco prórroga del mismo". Por su parte, continúa CCOO en su comunicado de prensa, el ICD alega "que no puede realizar un pago que no esté soportado por un contrato de prestación de servicios".

La realidad, a juicio del sindicato, es que los trabajadores hacen su mismo trabajo por el que antes cobraban y ahora, sin embargo, "no cobran lo que les corresponde" desde hace varios meses. "La empresa se ha desentendido totalmente de estas personas y ni siquiera entrega los artículos y materiales de limpieza necesarios para realizar sus tareas. Es el ICD, no se sabe con cargo a qué partida, entrega estos artículos para que sus instalaciones no sean clausuradas por insalubridad", ha asegurado CCOO.

Este sindicato, entendiendo que la situación de hecho constituye una cesión ilegal de trabajadores, ya que se "limita a la mera puesta a disposición de los trabajadores de la empresa cedente a la empresa cesionaria", ha denunciado los hechos para que se actúe en consecuencia, lo que conllevaría la posibilidad de que los trabajadores sometidos al "tráfico prohibido" tuvieran derecho a adquirir la condición de fijos, "a su elección", en la empresa cedente o en la cesionaria.

CCOO considera "intolerable" que la administración pública "se desentienda" totalmente de la forma en que se realiza un servicio de interés general, "externalizado por una simple decisión política, sin importar" las consecuencias del "incumplimiento" de la empresa contratada en relación con los derechos de los trabajadores que realizan ese servicio.