CCOO, junto al resto de sindicatos mayoritarios, ha comunicado al Ministerio de Justicia que, si antes del 15 de febrero no convoca la Mesa Sectorial de Retribuciones, harán un llamamiento a las movilizaciones en la Administración de Justicia para la mejora de las condiciones laborales y salariales de los funcionarios destinados en las comunidades de Castilla-León, Castilla-La Mancha, Murcia, Baleares, así como las dos ciudades autónomas y los órganos centrales en Madrid (Tribunal Supremo, Audiencia Nacional y Juzgados Centrales de lo Penal, Contencioso e Instrucción, la Fiscalía General del Estado, Fiscalías especiales, el Instituto Nacional de Toxicología y el Registro Civil Central), territorios gestionados por el Ministerio de Justicia y de los Cuerpos de Letrados y cuerpos especiales del INTCF de toda España.
El ámbito no transferido, con más de 9.500 funcionarios, es el que tiene peores retribuciones por el complemento específico del conjunto del Estado. Dicho complemento no ha sido revisado desde 2008 (además de haber sido sometido a los recortes generales desde 2010). La diferencia con la comunidad autónoma con mayores retribuciones supera los 500 euros mensuales y la diferencia con la Comunidad de Madrid, donde trabaja personal transferido y no transferido, supera los 320 euros mensuales.
Sin perjuicio de seguir aspirando a la eliminación de estas diferencias salariales, CCOO solicita una subida lineal inmediata de, como mínimo, 300 euros para el complemento específico del personal de los cuerpos de Letrados y cuerpos Especiales del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, y del personal de los cuerpos de Médicos Forenses, Gestión, Tramitación y Auxilio Judicial del ámbito competencial del Ministerio de Justicia.
Además, la plataforma reivindicativa se extiende a aspectos como el complemento salarial para los Juzgados de Violencia de Género, formación, salud laboral, acción social y sistemas de provisión de puestos de trabajo, aspectos todos que redundaran en una mejor prestación de este servicio público en el ámbito no transferido, tradicionalmente abandonado por el Ministerio de Justicia.
A este abandono histórico a que se hace referencia, se añaden dos cuestiones más: la “gravísima discriminación que dispensa el Ministerio a los trabajadores cuando no tiene ningún reparo en negociar y garantizar una subida salarial para 1.700 jueces y fiscales” y el “intento de desmantelamiento de los Registros Civiles pretendiendo sustituir a los funcionarios de Justicia por otro personal”.
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