La Federación de Servicios a la Ciudadanía de COOO ha remitido una queja al superintendente de la Policía Local, Sebastián Vega, para que “actúe con la diligencia” debida y frene las directrices que, según el sindicato, han sido dadas a los funcionarios de la Policía Local en prácticas para poder finalizar el proceso y aprobarlo.
Directrices que pasan por “tener un número de sanciones cuando se encuentren realizando labores propias en vía pública superior a 25”.
Se trata de una orden verbal que se habría dirigido a los policías en prácticas para que lleguen a ese cupo de sanciones en los servicios que realizan y que, según el sindicato, “ha partido del intendente del Cuerpo”, José Antonio Sorroche.
Algo que el sindicato considera “inadmisible” y, más aún, al tratarse de una orden dirigida a “funcionarios inexpertos y presionados para denunciar al ciudadano”. La queja ha sido trasladado por el delegado de CCOO a Vega esta misma semana, sin que se tenga constancia de respuesta alguna por parte del máximo jefe policial del Cuerpo. “No es la primera vez que se da esta situación.
A la promoción del pasado año se le ordenó, una vez jurado el cargo, sobre cómo debían de resolver las alegaciones tras una sanción, hecho que de una vez por todas la Jefatura ha de erradicar”, se concreta en esa carta a cuyo contenido ha tenido acceso este periódico.
CCOO traslada a Vega que debido a la importancia y gravedad del hecho denunciado, debe actuar con la mayor celeridad y diligencia, “dando a los futuros agentes las instrucciones precisas, obviando lo descrito, y reservándonos el derecho de tomar las medidas que legalmente procedan si se diera el caso”.
Las informaciones manejadas por el sindicato les han hecho recordar un tipo de prácticas que, asegura, “han sucedido en el tiempo con las nuevas promociones” y que califica de “irregulares” por lo que deben ser zanjadas de inmediato.
Aunque son tildadas de “prácticas inadecuadas”, el término no hace mención específica a la gravedad que supone dar este tipo de órdenes y la repercusión que además tiene en el ciudadano y en los propios funcionarios que son presionados.
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