CCOO-Justicia en Ceuta ha indicado en una nota de prensa que ha tenido conocimiento de la aprobación "de forma arbitraria, irregular e improcedente de una comisión de servicio de una vacante del Cuerpo de Gestión que se producirá como consecuencia de una jubilación en el Servicio Común General –Sección 2ª Actos de Comunicación y Auxilio Judicial en Ceuta". CCOO dice que "la referida Comisión de Servicio ya ha sido aprobada, vulnerándose e incumpliéndose de forma clara y palmaria, lo establecido en el Reglamento de Ingreso, Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional del Personal Funcionario al Servicio de la Administración de Justicia, al no haberse ofrecido su cobertura, con carácter preferente, mediante el sistema de sustitución vertical". "Los puestos de trabajo que se encuentren vacantes, podrán ser cubiertos temporalmente por funcionarios titulares mediante sustitución, funcionarios que deberán reunir los requisitos establecidos para el desempeño del puesto de que se trate en la RTPs. Tendrá preferencia para realizar la sustitución el funcionario destinado dentro del mismo centro de destino", apunta CCOO.
CCOO-Justicia en Ceuta "entiende y exige que antes de acudir a la Comisión de Servicio, la vacante debe ser ofrecida mediante el sistema de sustitución vertical a los funcionarios interesados destinados en el mismo Centro de destino y de no cubrirse la misma, es cuando iríamos al sistema de la Comisión de Servicio". El sindicato añade que "se da la circunstancia que en el referido Servicio hay funcionarios que cumplen los requisitos y premisas suficientes y necesarios establecidos para optar y cubrir la vacante dejada sin necesidad de acudir a una Comisión de Servicio". "Destacar también, que la Gerencia Territorial en esta vacante concretamente ha obviado y sorteado en todo momento, lo establecido legalmente, al no haber formulado Resolución alguna, omitiendo la información y su publicación a través de los correos corporativos de todos los funcionarios del Cuerpo afectado, así como en los tablones de anuncios de cada una de las UPADS Y SERVICIOS de los órganos judiciales de nuestra ciudad, y todo ello de conformidad con lo establecido en la Ley 39/2015 de 26 de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común, otorgando un plazo de no menos de 3 días para presentar las solicitudes", recoge el comunicado de CCOO. "¿Por qué en otras vacantes, como la producida en el mismo Servicio, pero en este caso del Cuerpo de Tramitación, informa y le da publicidad, mediante el sistema de Sustitución? ¿Por qué no lo ha realizado en la del Cuerpo de Gestión y directamente se cubre por el sistema de Comisión de Servicio y no por Sustitución Vertical?", pregunta el sindicato. "Es por ello que a CCOO-Justicia, esta jugada le huele mal, ya que se da la circunstancia o la casualidad, que todavía no se ha jubilado el Gestor del Servicio y por tanto no ha cesado de su puesto de trabajo, lo hará a finales de este mes, cuando ya le han aprobado la Comisión de Servicio a un Gestor, que no pertenece al Servicio del que se jubila, sino a una UPAD, y que además es delegado de la Junta de Personal por el sindicato UGT", añade el comunicado. CCOO indica que "las comisiones de Servicio se están convirtiendo últimamente en nuestros órganos judiciales como el comodín y el atajo que, so pretexto de la discrecionalidad, está permitiendo reclutar a quien goza de favor para cubrir puestos de trabajo, que deben ser ofrecidos mediante otro sistema de provisión y que indudablemente está afectando a derechos e intereses legítimos de terceros".
"No es la primera vez que CCOO-Justicia denuncia estas irregularidades. Llevamos años denunciando y luchando contra la forma de adjudicar estas Comisiones de Servicio, por parte del Ministerio, realizadas y llevadas a cabo a dedo, de forma arbitraria, sujetas a ningún tipo de control, sin una convocatoria previa de forma abierta y con publicidad, con total falta de garantías y transparencia", apunta el sindicato. El sindicato concluye diciendo que "por tanto es llamativo el conjunto de irregularidades que se dan, que desemboca, deductivamente, en posibles nuevos casos de enchufismo, al no haberse cumplido de forma razonable con la normativa vigente y aplicable, pues hay una clara vulneración de los principios constitucionales, así como de la propia normativa de la función pública en cuanto a la igualdad, publicidad, transparencia, e imparcialidad".