Comisiones Obreras ha interpuesto una denuncia ante la Jefatura Superior de la Policía Nacional contra la
Ciudad Autónoma y la Fundación SAMU por la gestión de los centros y albergues de acogida de menores ubicados en Ceuta, tales como los de Pinniers, La Esperanza y Santa Amelia, donde "antes se prestaban servicios de seguridad privada mediante vigilantes de seguridad habilitados por el Ministerio del Interior y encuadrados dentro de empresas de Seguridad homologadas por el mismo ministerio". Por ello, el sindicato ha decidido denunciar el hecho de que la Ciudad Autónoma haya rescindido los trabajos de las empresas de Seguridad "para encomendar las funciones propias de los vigilantes de seguridad a la Fundación SAMU", que es "la actual adjudicataria de los servicios anteriormente citados". Asimismo, CCOO ha detallado que esta empresa presta dichos servicios de vigilancia "mediante personal que carece de la correspondiente habilitación del Ministerio del Interior para prestar servicios de Seguridad Privada, como marca la Ley 5/2014, de 4 de abril de Seguridad Privada". Por otro lado, han querido poner en conocimiento de las autoridades que "SAMU ofertaba estas plazas en redes sociales y páginas de búsqueda de empleo como auxiliares de control" con funciones a "desempeñar como establecer el control de los accesos, recinto, perímetro y llaves; controlar la circulación de los menores, auxiliando a los educadores en la prevención de infracciones de las normas de los
centros de acogida de menores; así como establecer el orden, urbanidad y correcto comportamiento con los medios materiales de las instalaciones". Sin embargo, para el sindicato estas funciones son propias de los vigilantes de seguridad, "según lo establecido en la Ley de Seguridad y en su Reglamento que la desarrolla" y tanto la empresa como la Ciudad "son conscientes del incumplimiento de la ley de Seguridad Privada", por lo que estos hechos "son gravísimos ya que puede suponer un grave riesgo para los trabajadores del centro de menores, así como a los propios usuarios". Comisiones Obreras entiende que esta denuncia ha hecho entrar en razón a la Ciudad Autónoma, quien "anuncia que rescinde los servicios de SAMU para prestar servicio de vigilancia en los centros de menores". No obstante, esta organización sindical ha exigido a la Administración a que "saque a la mayor brevedad posible el concurso público para adjudicar el servicio de vigilancia de seguridad privada", y que la empresa adjudicataria "tenga todas las homologaciones requeridas por la legislación en materia de seguridad privada", así como que sus trabajadores dispongan del título profesional de vigilante de seguridad expedido por el Ministerio del Interior.