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CCOO denuncia las carencias del Servicio de Transporte Terrestre, que está "al límite"

Sólo cuenta con 3 de los 11 trabajadores que tenía cuando fue transferida a la Ciudad por el Estado

La Sección Sindical de Comisiones Obreras (CCOO) en la Ciudad ha denunciado la situación “al límite” en la que se encuentra el Servicio de Transportes Terrestres dependiente de la Consejería de Fomento, que solo cuenta con tres trabajadores adscritos (contaba con once en el momento en el que fue transferido por el Estado), lo que “hace prácticamente inviable la realización de gran parte de los cometidos que tiene asumidos”.

Según el sindicato, el Servicio “ha venido sufriendo desde su traspaso a la Ciudad una pérdida gradual de trabajadores por traslados, reincorporaciones a otros Servicios y jubilaciones sin que las vacantes producidas hayan sido cubiertas”. Sin embargo, en paralelo sus competencias y funciones encomendadas “no han dejado de crecer”.

El Servicio se ha quedado fuera de las importantes campañas de inspección y concienciación que se realizan periódicamente en todo el país, la última de ellas referente al transporte de mercancías peligrosas, y los transportistas sufren su precariedad de recursos “a la hora renovar tarjetas, tacógrafos, flotas y demás trámites de obligado cumplimiento pese a que la carencia o portar documentos caducados suponen faltas graves o muy graves que llevan aparejadas multas de muy elevadas cuantías”.

Las carencias existentes en un área que ha sido declarada “esencial” durante la pandemia y el estado de alarma también afectan a la supervisión en las autoescuelas autorizadas para impartir los curso de habilitación para el transporte, capacitación profesional y demás permisos obligatorios para el ejercicio de la función de transportista terrestre, así como “a la hora de programar las convocatorias públicas y la realización de los exámenes sobre estas materias, la inspección de vehículos, su pesaje y control documental”.

CCOO ha alertado también de la “cuantiosa perdida de recaudación” que la central cifra en 500.000 euros “generada por la imposibilidad de detectar posibles infracciones cometidas al no existir personal cualificado para realizar las labores de inspección, una figura esencial como piedra angular de otros cometidos”.

Comisiones Obreras ya ha trasladado su posición tanto al consejero de Fomento como al director general de Recursos Humanos “con ánimo constructivo”, planteando posibles soluciones tanto temporales como estructurales, pero “hasta el momento no se ha tomado ninguna medida eficaz para solventar esta grave situación, ya que el Servicio solo ha recibido a un empleado público que no reúne el perfil necesario para asumir ninguna de las tareas que tiene encargadas”.

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