CCOO demanda a la contrata de jardinería de la Autoridad Portuaria

Comisiones Obreras (CCOO) de Ceuta ha presentado, hasta la fecha, doce demandas contra la empresa Ilicitana de Áreas Rústicas por impago de determinados conceptos retributivos que no ha abonado a sus trabajadores, a pesar de estar establecidos en el vigente convenio colectivo estatal de jardinería. También han sido demandadas subsidiariamente Dragados y la propia Autoridad Portuaria, para las que la empresa denunciada ha actuado como subcontrata.
Las demandas se refieren a la falta de pago de horas extraordinarias, plus de peligrosidad y antigüedad y suponen un total aproximado de 18.000 euros. Asimismo, CCOO ha planteado también, demanda de conflicto colectivo por retraso en el pago de los salarios que, según establece el convenio colectivo, deberían hacerse efectivos el último día laborable de cada mes, mientras que la empresa los ha abonado el pasado día 5.
También se están preparando demandas por falta de entrega de la ropa de trabajo; incumplimiento de lo preceptuado legalmente en cuanto al disfrute de las vacaciones e inexistencia de duchas en el lugar de trabajo, dice la organización sindical en cuestión.
Esta empresa fue denunciada recientemente por CCOO al “utilizar el personal de la contrata de jardinería de la Autoridad Portuaria, durante la jornada en la que debería prestar sus servicios para este organismo, en otras obras de esta ciudad y para otras empresas, sin abonar por ello ninguna cantidad a los trabajadores y consiguiendo así un enriquecimiento ilícito, al cobrar simultáneamente de la Autoridad Portuaria y de las empresas constructoras por los mismos trabajadores”, añade.
“A pesar de que esta empresa incumple reiterada y sistemáticamente toda la normativa laboral y sus obligaciones contractuales, la Autoridad Portuaria no ha adoptado aún ninguna medida tendente a la rescisión del contrato de prestación de servicios que las vincula”, manifiesta el sindicato, que exige el cumplimiento de la legalidad vigente en materia de contratos de las administraciones públicas “y una actuación consecuente con la defensa del interés general de los ciudadanos”.