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FECCOO no ve “sentido” a abrir los colegios para el alumnado de Infantil

La Dirección Provincial del MEFP “espera instrucciones” de los Servicios Centrales para el plan de desescalada. La FAMPA reclama medidas de conciliación más amplias

Las primeras notas del plan de “desescalada” del confinamiento y el Estado de Alarma en el ámbito escolar no han sonado afinadas en las oficinas de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras (FECCOO) en Ceuta, donde ayer se recibió un aluvión de llamadas de docentes para intentar aclarar si tendrán que regresar a sus centros antes del verano a trabajar presencialmente o no.
Nadie lo sabe, al menos de momento. En la Dirección Provincial del Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP) están “esperando instrucciones” que concreten las líneas esbozadas por Pedro Sánchez, que básicamente pasan por reabrir los colegios para atender al alumnado con hasta 6 años cuyos progenitores no puedan compaginar la vida laboral con la familiar y por activar clases de refuerzo para los estudiantes en niveles de promoción o titulación hasta donde sea posible respetando las medidas de seguridad mínimas.
La secretaria general de FECCOO en Ceuta, Lorena Díaz, advirtió que su sindicato “no está de acuerdo” con esta hoja de ruta, sobre todo en lo que toca a la primera medida. “No tiene ningún sentido abrir los colegios solo para el alumnado de Infantil a modo de guardería, como si los estudiantes con 7 u 8 años ya pudiesen valerse por sí mismos en el caso de que sus padres tengan que ir a trabajar ambos, sin tener en cuenta las aglomeraciones que se generarán, la falta de equipos de protección individual... Los hipotéticos beneficios de la medida”, valoró la sindicalista, “no compensan sus riesgos”.
El primer argumento de FECCOO para discrepar pasa porque “la prioridad debe ser garantizar la salud del alumnado, el profesorado y el resto de los trabajadores de los centros escolares, cuya puesta en macha en Ceuta exige además coordinar al Ministerio con la Ciudad en materia de conserjes, limpieza, etcétera, cuando no sabemos ni siquiera si las familias tendrán libertad para llevar a los niños un día sí y otro no, si deberán hacerlo siempre, si solo se exigirá que vuelvan a trabajar presencialmente los docentes de Infantil, todos, una parte...”.
Para Díaz otro problema añadido es la “masificación” de las aulas ceutíes y la “imposibilidad” de garantizar las distancias de seguridad en su interior “sin desdobles, contratación de docentes, etcétera”.

Un mes para concretar todos los detalles

Según el Ministerio de Educación, a finales de mayo, en la fase 2 de la desescalada, podrán acudir a clase los estudiantes en tres supuestos: alumnado de infantil con menos de 6 años cuyos dos padres no puedan teletrabajar; estudiantes especialmente vulnerables de Primaria, para recibir refuerzo educativo; y, con carácter voluntario no solo los que se presentarán a Selectividad en julio, sino también los alumnos del resto de cursos de titulación. Los equipos directivos decidirían antes de esa fecha qué docentes y de qué cursos tendrían que abandonar la enseñanza a distancia y regresar a sus puestos físicamente.

La FAMPA reclama medidas de conciliación más amplias

El presidente de la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (FAMPA) de Ceuta, Mustafa Mohamed, reclamó ayer al Ministerio de Educación y a la Ciudad “que coordinen todos sus medios para ofrecer las mayores posibilidades de conciliación a las familias cuyos progenitores deban volver a regresar a trabajar presencialmente y, por no disponer de otros recursos, quieran que sus hijos vuelvan a clase”.
“En cualquier caso, lo primero es garantizar la salud del alumnado, de los docentes y de los trabajadores, así como darle carácter de voluntariedad, pero no limitar esa posibilidad a los padres y madres de pequeños con hasta 6 años, lo que excluiría a un gran número de posibles necesitados de acogerse a esa medida”, argumentó Mohamed.
La Confederación Estatal de Asociaciones de Padres de Alumnos (CEAPA), en la que está integrada la FAMPA ceutí y que es la de mayor representación de España, entiende que en la situación excepcional generada por la crisis del coronavirus no solo Educación, sino “todas las administraciones”, tendrán que analizar y solventar las dificultades que sufrirán las familias para conciliar cuando se vuelva al trabajo presencial, un problema “que no es nuevo, pero que se ve agravado por la situación de emergencia sanitaria y el cierre de los centros educativos”.

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