Desde
CCOO-Justicia, también con presencia en Ceuta, han denunciado este martes que “el Gobierno rechaza las enmiendas que mejoran la atención a las víctimas de
violencia de género en los
juzgados. “El proyecto de Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa del Servicio Público de Justicia que se está tramitando en el Congreso dispone que el Consejo General del Poder Judicial deberá estudiar, en el ámbito de sus competencias, la necesidad o carencia de dependencias que impidan la confrontación de la víctima y el agresor durante el proceso, así como impulsar, en su caso, la creación de las mismas, en colaboración con el Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas competentes”, han recordado desde CCOO-Justicia. En este sentido, han señalado que frente a lo que consideran una “falta de determinación para que víctimas y agresores no compartan espacios en las dependencias judiciales”, CCOO ha propuesto a los grupos políticos del Congreso “una nueva redacción de este punto del artículo 89 de la LOPJ. Una modificación incluiría este texto: “El Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas competentes garantizarán la existencia de dependencias que impidan la confrontación de la víctima y el agresor durante el proceso” Al respecto han asegurado que dicha propuesta “ha sido acogida por el Grupo Parlamentario Republicano, añadiendo en su enmienda que los gastos que se deriven de esta garantía serán a cargo de los Presupuestos Generales del Estado”.
Veto argumentando el artículo 134.6 de la Constitución
Sin embargo han expresado que el Gobierno, “que ha estimado estos gastos en 13,84 millones de euros, no ha prestado su conformidad a la tramitación de esta enmienda, y la ha vetado en virtud de lo establecido en el artículo 134.6 de la Constitución y conforme a lo dispuesto en el artículo 111 del reglamento del Congreso, que permiten al Gobierno paralizar la acción legislativa cuando ésta conlleve incremento del gasto público”.
Desde CCOO-Justicia han recordado que el Gobierno, asimismo, “ha mantenido el mismo criterio de veto ante otras dos enmiendas al proyecto de Ley de Eficiencia Organizativa, también presentadas por el Grupo Parlamentario Republicano”. Se han referido específicamente a propuestas relativas a la formación especializada en materia de violencia y perspectiva de género del personal de la Administración de Justicia que repercuta en una mejor atención a las víctimas. “La propuesta consiste en una modificación de la LOPJ para que se establezca un plazo de seis meses para la impartición con carácter obligatorio de una formación a todo el personal funcionario e interino de todas las carreras, cuerpos, escalas y categorías profesionales de la Administración de Justicia”, han aclarado sobre lo que plantean. Han añadido que “esta acción formativa se refiere a la medida número 10 de las establecidas en la Resolución de 28 de julio de 2021 de la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de julio de 2021, y por el que se aprueba el Catálogo de Medidas Urgentes del Plan de Mejora y Modernización contra la Violencia de Género”. Ante la negativa a lo planteado, desde CCOO-Justicia han lamentado la situación y han expresado que no entienden “que sea el mismo Gobierno que establece la medida el que luego la impide con su derecho a veto en lugar de dotarla presupuestariamente. En este caso, el Gobierno ha cifrado el coste de esta acción formativa en 233.000 euros”.
La protección a las víctimas de violencia de género
“Para CCOO la protección a las víctimas de violencia de género y su atención especializada en la Justicia, va más allá de la publicación en el BOE de unas declaraciones de intenciones”, han querido dejar claro, por lo que “el sindicato exige dotaciones presupuestarias para implementar las correspondientes medidas y ni el Ministerio de Justicia ni el Gobierno en su conjunto pueden mirar para otro lado”. “Pero es que, además, el artículo 27.2 de la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual, obliga al Ministerio de Justicia, en colaboración con las comunidades autónomas con competencias al respecto, a asegurar que, en la formación inicial y continua del personal al servicio de la Administración de Justicia se incluya transversalmente la perspectiva de género”, han insistido. Al respecto han afirmado que “este modo de impedir la implementación de las medidas aprobadas son una triste noticia en relación con la atención a las víctimas de la violencia de género (mujeres y menores) durante su periplo judicial: seguirán siendo atendidas por personal sin la necesaria formación ni especialización y en espacios que no garantizan, en la inmensa mayoría de las sedes judiciales españolas, la separación física del agresor durante todo el proceso”. Para finalizar, desde CCOO-Justicia han adelantado que “las consecuencias de este veto será la ineficacia de unas normas aparentemente protectoras de las víctimas de violencia de género y la consiguiente y vergonzosa revictimización de las mismas en forma de violencia institucional”.