Uno de los logros del Presidente de la Generalidad catalana, Artur Mas, en su empecinamiento en conseguir a toda costa la independencia de Cataluña, sin reparar en los gravísimos perjuicios que su tozuda terquedad puede acarrear tanto a los españoles como a los catalanes, ha sido hacerles ver a estos últimos que “España roba a Cataluña”. Con ello, ha conseguido, por un lado, echar una cortina de humo para tapar el propio fracaso del Ejecutivo catalán protagonizado lo mismo por el anterior gobierno tripartito que por el actual, haciéndole creer al pueblo que todos los problemas que tienen le son producidos por España; y, de otra parte, ha conseguido también propiciar la animadversión de los catalanes contra el resto de los españoles. Ese ha sido un acierto del líder independentista en su lucha sin cuartel en la promoción y fomento del separatismo catalán, aunque luego sea el más grande de los errores cometidos contra la unidad de España y contra los intereses generales de Cataluña. Es decir, Mas ha logrado llevar al ánimo de los contribuyentes de su territorio la idea engañosa y furibunda de que pierden económicamente mucho siguiendo unidos a España, y ganarían muchísimo más si se independizaran formando un Estado propio.
Pero la realidad de los hechos es bien distinta, habida cuenta de que del análisis que se puede hacer de esa situación resulta totalmente lo contrario. Y de ello se viene fácilmente en conocimiento tras contar con los siguientes datos: Por ejemplo, comparando sólo los datos presupuestarios y estadísticos de las cinco Comunidades con mayor población, tendríamos que Cataluña, que tiene 7.539618 habitantes, dispone de la mayor cuantía presupuestaria de todas las regiones españolas, con 32.886 millones de euros, teniendo un Producto Interior Bruto (PIB) de 200.323; cuando Andalucía, que cuenta con una población de 8.424.618 habitantes, dispone de un presupuesto de 31.682 millones, y un PIB de 145.451; Madrid, con 6.489.680 habitantes, dispone de 18.768 millones, y un PIB de 189.431; Valencia, con 5.117.190 habitantes, cuenta con 14.228 millones y un PIB de 102.941; y Galicia, con 2.795.422 habitantes, tiene asignado un presupuesto de 9.708 millones, con un PIB de 57.677. De lo anterior, se colige una asignación por habitante para Cataluña de 4.361 euros; para Andalucía de 3.760; para Madrid de 2.892; para Valencia de 2.780; y para Galicia de 3.472.
Del anterior estado numérico, podemos ya comenzar a sacar algunas conclusiones: Que Cataluña es la que mejor está dotada de presupuesto de las cinco regiones comparadas; y también es la que cuenta con un PIB más elevado. Que Cataluña es la región que más gasta por habitante, tan solo superadas en el ámbito nacional por Navarra y el País Vasco. Y también disponen los catalanes de un presupuesto por habitante que es un 15 % superior al de Andalucía. En cambio, llama la atención el caso de Madrid que, siendo la segunda región más rica de España, detrás del País Vasco, sin embargo, es la penúltima en cuanto a presupuesto por habitante. Luego entonces, es absolutamente falso que España robe a Cataluña, o que ésta sea la que soporte mayor contribución al erario público estatal; esa es una invención falaz que sólo está ideada y dirigida a confundir a la opinión pública catalana para provocar su animadversión respecto a los demás españoles.
Hay otro dato en el que Cataluña figura a la cabeza de todas las Comunidades Autónomas (CCAA), y es en su endeudamiento, con una deuda por habitante de 5.571 euros, seguida por Navarra con 4.244. La Comunidad que menos deudas por habitante tiene de toda España es Canarias, con 1.777. Más hay un dato que es bastante revelador, y es que Cataluña es la región, de las cinco que se comparan, que, pese a ser la que más gastos por habitantes realiza, es la que menor porcentaje de los mismos destina a Educación y a Sanidad. Y, si la comparación la hacemos sobre las regiones de toda España que más aportan al Estado, no es Cataluña la que más cantidad entrega, como tantas veces se ha dicho falseando las cifras, sino que están por delante de ella Madrid y Baleares, como las que mayor cantidad aportan al Estado, figurando los catalanes en tercer lugar. Luego entonces, se ve claro cómo Mas y sus correligionarios están engañando a los catalanes.
Antes de que finalizara la anterior legislatura a finales del año pasado, se elaboró un estudio en materia de “balanzas fiscales”. El tema de dichas balanzas fue el argumentado esgrimido por Cataluña para sacar a la palestra el tan manido tema de lo que también ha venido después en llamar el “pacto fiscal”, que en realidad no es otra cosa que su pretensión de negociar bilateralmente (como si de Estado a Estado se tratara), que Cataluña recaude absolutamente todos los tributos y luego entregue a España una especie de “cupo”, a modo de como lo vienen haciendo el País Vasco y Navarra, porque se recoge en la Constitución, para quedarse ella con todo lo demás recaudado. Pues bien, de aquel estudio que se llevó a cabo por el entonces Ministerio de Economía y Hacienda resultó que Cataluña recibe del Estado más del 4 por ciento de lo que las arcas catalanas aportan al Erario público español. La falaz estrategia de Artur Mas se ha venido sustentando, principalmente, en dos premisas. La primera, se funda en razonamientos deductivos en el sentido de que Cataluña es una nación, que es absolutamente falsa, toda vez que el territorio catalán no ha tenido nunca tal consideración ni en el Derecho interno ni en el Derecho Internacional. Pero, basándose en tal falsedad, también llega deductivamente a la conclusión de que, como tal supuesta nación, le correspondería tener un Estado propio. Y también esto último es falso, en tanto en cuanto jamás en su historia llegó a ser un Estado independiente, que es lo que a toda costa se busca por medios anticonstitucionales, ilegales y torciteros. Y, últimamente, lo que Mas ha hecho es añadir a aquella primera premisa falsa, otra que aun es más falsa, en virtud de la cual se trata de hacer ver al pueblo catalán que está siendo fiscalmente expoliado por España (“España nos roba”, exabrupto que se ha hecho público y notorio), a modo de como si se estuvieran imponiendo más impuestos al territorio catalán que al resto de los demás territorios de España.
No cabe duda – y en eso estriba la importante baza jugada por Mas – que tan tremendas acusaciones así vertidas y repetidas machaconamente muchas veces, han logrado que una gran parte de ciudadanos catalanes hayan interiorizado que, efectivamente, es así, y que la mejor manera de evitar ser “expoliados” y “robados” por el resto de los españoles es separarse de España y constituirse en un Estado independiente. Es decir, al tradicional nacionalismo de Prat de la Riba, se le ha sumado el de Umberto Bossi, líder de la Liga Norte italiana: “Las zonas más pobres viven a costa de las más ricas, no hay derecho a esta desigualdad, hay que poner topes a la solidaridad”. Y aquí, repito lo que ya he dicho hasta la saciedad en otros artículos. No hay tal “expolio” ni “robo”, no hay discriminación ni maltrato fiscal a Cataluña. Y ello es así, porque hay que partir de una base que no sea falsa, contrario a la que Mas nos presenta, sino real, verdadera y técnicamente auténtica. Y ésta es, que quienes pagan impuestos no son los territorios, ni las Comunidades Autónomas, sino las personas, tanto físicas como jurídicas, es decir, los individuos y las empresas.
Todas las CCAA se rigen por la misma Ley de financiación, que es la LOFCA, y se revisa periódicamente. Una de las últimas reformas fue impulsada por Cataluña, aprobada a fines del 2009. Y en la misma, el porcentaje de cada uno de los impuestos que todas perciben es el mismo -respetando las modificaciones que pueden llevar a cabo dichas comunidades en virtud de su autonomía fiscal- y las reglas para calcular las cantidades que les corresponden son idénticas. Por tanto, con independencia de si es o no un sistema adecuado de financiación, no es discriminatorio, ya que trata a todas las comunidades por igual.
Naturalmente, paga más el que más gana. Como ocurriría si comparamos en Barcelona la zona de Sarrià-Sant Gervasi con la de Ciutat Vella. A su vez, el gasto público en los barrios pobres es justo que sea mayor -en enseñanza, sanidad y servicios sociales, por ejemplo- que en los barrios ricos, y la única manera de financiarlo es mediante los impuestos generados en los mismos. Sin embargo, nadie puede considerar razonablemente que los de Ciutat Vella roban y expolian, sino que se redistribuyen rentas por razones de solidaridad y de justicia. Igualmente, tal solidaridad y justicia se dan en el seno de la Unión europea, donde los países más ricos pagan más que los pobres (Alemania y países nórdicos).
En resumen, lo de Mas es una argucia falsa, que en las recientes elecciones catalanas el pueblo ya ha empezado a darse ya cuenta.
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