La titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Ceuta ha acordado la transformación en sumario del procedimiento abierto a principios de marzo sobre un varón de 51 años por los presuntos delitos imputados, doce de abusos sexuales continuados sobre menores de dieciséis años, que supuestamente habría cometido en su vivienda y en el centro educativo donde trabajó desde el inicio del presente curso escolar hasta que fue arrestado.
Según han explicado fuentes judiciales, en diez casos los presuntos delitos encajarían en los apartados uno y cuatro del artículo 183 del Código Penal, que establece que el que realizare actos de carácter sexual con un menor de dieciséis años será castigado como responsable de abuso sexual a un menor con la pena de prisión de dos a seis años, en su mitad superior cuando se aprecie que el escaso desarrollo intelectual o físico de la víctima la dejase en situación de total indefensión y, en todo caso, cuando sea menor de cuatro 4.
En otros dos casos al investigado, que permanece en prisión provisional desde hace ya algo más de tres meses, se considera que se aplicaría también el apartado que prevé penas de ocho a doce años de cárcel “cuando el ataque consista en acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o introducción de miembros corporales u objetos por alguna de las dos primeras vías”.
Según fuentes judiciales, la catalogación del procedimiento como ordinario y no abreviado está vinculada directamente al número de años de la posible condena al investigado por los delitos imputados y supone que el juicio oral correspondería directamente a la Audiencia Provincial.
El Ministerio de Educación decidió personarse en la causa después de que se determinase que una hipotética responsabilidad civil subsidiaria en caso de condena recaería sobre la Ciudad Autónoma, que era la Administración que tenía contratado en el marco del Plan de Empleo al investigado y trabajando en el centro educativo.
J.A.G., para quien se decretó prisión incondicional y sin fianza tras ser detenido, fue denunciado primero por un vecino por un presunto abuso de una niña en su barriada. En base al testimonio de esa menor se recopilaron “indicios” de que ese supuesto delito podría haberse repetido también en el ámbito escolar, como han respaldado varias testificales.