Archivan la causa de la compra de material sanitario por la Ciudad: “No fue caprichosa ni arbitraria"

El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Ceuta ha ordenado el sobreseimiento libre y el archivo de las diligencias abiertas por la denuncia que el MDyC presentó en octubre del año pasado por presunta prevaricación administrativa y malversación en la compra del material sanitario que la Ciudad adquirió por la vía de emergencia para, entre otras cosas, garantizar el inicio del curso escolar con mascarillas, hidrogeles, nebulizadores, etcétera, así como para disponer de personal sanitario en los colegios y de un punto para poner en cuarentena a los migrantes recién llegados a Ceuta.

"El presidente de la Ciudad Autónoma dictó un Decreto completamente motivado y fundamentado, no de forma caprichosa o arbitraria, sino sometido a la legalidad y al procedimiento que las circunstancias exigían, de emergencia, dando con buen criterio una respuesta ágil y rápida para afrontar la crisis sanitaria, contribuyendo al bienestar social, para, entre otros, dar garantías a los menores que iniciaban el curso escolar", ha concluido el magistrado tras las actuaciones realizadas.

Según el auto de archivo, a cuyo contenido íntegro ha tenido acceso este periódico, “dicho Decreto estuvo incluso, sin ser necesario, amparado por un informe jurídico, igualmente motivado y fundamentado: el inicio de su ejecución fue igualmente correcto y en plazo. El destino de los fondos públicos fueron a empresas adjudicatarias designadas conforme permitía el procedimiento de emergencia utilizado. La resolución no se desvió de la norma, no resultado, en definitiva, ni arbitraria ni injusta”, apostilla.

"Hubiese gestionado la situación de otra manera"

Para el juez instructor la parte denunciante puede considerar “que hubiese gestionado la situación de otra manera, si tuviere competencias para ello”, pero ve acreditado que la realizada por el Gobierno “no reviste tintes de ilicitud penal”, pues muestra un “riguroso sometimiento al procedimiento legalmente establecido y a la legalidad vigente”.

“Consta importante información junto a completos informes que avalan la necesidad de su ágil tramitación y urgencia, especialmente en el ámbito de la sanidad, de educación y de medio ambiente en relación a la desinfección de zonas”, valora el auto, que añade que “el Decreto cuya regularidad cuestiona la parte denunciante se encuentra ampliamente motivado y justificado por documentos e informes emitidos por responsables en los diversos ámbitos para concluir con su dictado”.

La resolución también entra en los “pormenores” de la contratación con conclusiones igualmente favorables a la actuación del Ejecutivo: “Se ha justificado que el suministro remitido resultó ser ajustado en cuantía y precio, ser eficiente vistos incluso los albaranes de entrega”, añade el juez, que estima que “la contratación efectuada resultó ser mucho más beneficiosa para el interés general y gasto público” tras solicitarse distintos presupuestos pese a que se hubiera podido realizar una adjudicación directa.