La
defensa de Javier Guerrero podrá volver a solicitar su
puesta en libertad en cualquier momento. Debería hacerlo, en caso de que aprecie y pueda argumentar algún cambio sustancial en su situación, de nuevo ante el titular del
Juzgado de Instrucción número 3 de Ceuta que lleva la causa que se sigue contra él por supuestos
abusos sexuales de menores.
El procedimiento se encuentra en estos momentos pendiente, por un lado, de que la
Guardia Civil termine el análisis de los teléfonos móviles y el resto de material intervenido al investigado en su domicilio y sus consultas en el Hospital y en una clínica privada. Por otro, de la localización de nuevas presuntas víctimas del tipo que se le imputa.
Cuando ambas vías queden liquidadas presumiblemente el magistrado instructor podrá dar por finiquitada esa fase y, en su caso, instar a la
apertura de juicio oral. Al margen de este caso, que se basa en las investigaciones realizadas durante meses por la Guardia Civil a instancias de la
Fiscalía y bajo supervisión judicial por la presunta comisión de comportamientos impropios por parte del exconsejero de Sanidad con menores especialmente vulnerables, Guerrero figura en otros dos procedimientos abiertos en los juzgados locales.
Ambos se han visto paralizados durante las últimas semanas por la huelga de letrados de la Administración de Justicia y se espera que se reactiven según se vaya procesando el atasco generado.
En uno, pieza separada del anterior, figura también como investigado en el Juzgado de Instrucción número 4. Lo está junto a un conocido suyo que trabaja en Cruz Roja y presume de contactos en el hampa por al menos un presunto delito de coacciones, aunque la Benemérita también ha atisbado conspiración de lesiones.
Los hechos que lo fundamentan son las escuchas en las que se captó a ambos urdiendo un plan para amenazar o agredir a personal del Área de Menores de la Ciudad, concretamente al director del Centro de Realojo Temporal de La Esperanza y al responsable de SAMU en dichas instalaciones.
El doctor y su colega creían que había que hacerles algo. El colega propuso ir de frente, pero Guerrero vio más inteligente y seguro comprar una tarjeta telefónica para amenazar a los trabajadores de Menores y posteriormente destruirla. “Es muy poco para esa gente”, le reconvino su amigo, que aseguró contar con “gente” dispuesta a pasar a mayores que, eso sí, se mueve “por dinero”.
Posteriormente el interlocutor de Guerrero insistió en que era necesario dar un escarmiento y parar los pies a esos “hijos de puta” que se “inventaban” cosas y ya no se centró en la necesidad de conseguir dinero, sino de recabar información sobre datos, rutas y rutinas de los objetivos, de cómo se movían de casa al trabajo...
La tercera causa abierta se sigue en el Juzgado de Instrucción número 2, que la archivó inicialmente al no encontrar fundamento alguno en las denuncias por supuestas “coacciones” a menores para acusar a Guerrero que este anunció ante la Jefatura Superior de la Policía Nacional en septiembre.
Tras conocer su sobreseimiento, los abogados del
exconsejero reclamaron su reapertura interesando la práctica de más diligencias. Entre ellas está prevista la suya como testigo y la de un trabajador que primero haber apreciado un proceder extraño en el doctor y después se retractó en un documento privado con él.