900.000 dolares. Ese es el dinero que en el año 2016 decidió pagar el FBI para desbloquear el iPhone 5 perteneciente a un pistolero implicado en un tiroteo en San Bernardino que se saldó con 14 muertos y 21 heridos. La compañía Apple se negó a colaborar en ese desbloqueo que los agentes policiales requerían para dar con datos claves en un asunto que había conmocionado a la sociedad americana. El FBI pagó para adquirir una herramienta desarrollada precisamente para conseguir esa meta.
No es lo habitual. De hecho, aquel asunto mediático derivó en la apertura de un debate ya que se exigió una comisión para aclarar los motivos que habían llevado a invertir ese dinero de los contribuyentes en obtener unos datos que la compañía, en base a su acuerdo de confidencialidad con los usuarios, se negaba a aportar.
Justificar un gasto así de dinero es complicado. Hay que calibrar si los posibles resultados de esa inversión merecen la pena. La Policía sabe que topa con la no colaboración por sistema de las grandes compañías para dar con datos que se mantienen protegidos. Precisamente es la baza que tienen las empresas para mantener el respaldo de sus clientes. El caso San Bernardino marcó un antes y un después en este ámbito pero supone la aguja siempre difícil de encontrar en un pajar.
Esta semana llegaba al juzgado el informe policial con los
resultados de los análisis de los dispositivos intervenidos al exgerente de Emvicesa, Antonio López.
En las conclusiones alcanzadas por los expertos de la Sección de Ingeniería e Informática Forense de la Comisaría General de la Policía Científica se concluía la imposibilidad de acceder al contenido de varios dispositivos intervenidos a López al figurar como bloqueados. El exresponsable de Vivienda sí que llegó a aportar, en una de sus declaraciones judiciales, la clave de su teléfono: el 6969, pero a la Policía le ha resultado imposible acceder a un terminal que figura como roto y a varios de los entregados. No obstante sí accedió a cientos de mensajes borrados y a conversaciones que,
tal y como publicó El Faro, vienen a encuadrarse en las investigaciones policiales en torno a la presunta trama irregular en torno a las viviendas de protección oficial. Vienen a complementar lo que ya se sabía y lo que forma parte de la acusación existente contra quien llevó durante años la política de vivienda del Ayuntamiento.
La escasa colaboración de detenidos en las investigaciones hace inviable ir más allá en muchos de los casos.
En un asunto así, que no deja de encuadrarse en las irregularidades de una forma anómala de entender la política de vivienda en una ciudad más de España, resulta imposible valorar siquiera un posible gasto de dinero en recuperar más datos. Primero, que no se haya recuperado material de esos dispositivos no significa que lo hubiera o que fuera de una relevancia tal que derivara la investigación, ya de por sí de peso, que se ha gestado en torno a este asunto. Segundo, tampoco hay seguridad de que además de los 700 SMS borrados y recuperados haya otros cientos de peso. Tercero, cabría valorar si avanzada la investigación como ya lo está y después de la fase estelar materializada en los días consecutivos de arrestos y citaciones, cabe encontrar algo más.
Solo un 10% de los detenidos termina sorpresivamente colaborando con las fuerzas de seguridad para evitar precisamente hacerse este tipo de planteamientos. Llegar a la cúspide de la pirámide delincuencial constituye una auténtica obsesión para los investigadores tras las detenciones de los meros enlaces o pasadores. En el ‘caso Emvicesa’, la figura de Antonio López figura en una cúspide de una pirámide que empezaba a construirse y que cesó sin saber si el tradicional ‘tirar de la manta’ tenía o no sentido en este caso que arrastra 50 investigados.