Caso Emvicesa: la Ciudad estudia recurrir la petición de fianza de 6 millones

El Gobierno de Ceuta ha puesto en conocimiento de sus servicios jurídicos la petición incluida en la calificación del Ministerio Fiscal por el caso Emvicesa, en la que se recoge la exigencia del pago de 6 millones de fianza a la institución municipal por considerarla responsable civil.

El portavoz del Ejecutivo local, Alberto Gaitán, ha manifestado el respeto que desde el Gobierno se tiene a cualquier tipo de acción judicial, pero ha señalado que cabe la posibilidad de interponer recurso, algo que está siendo analizado por los servicios jurídicos tras haber recibido la notificación judicial.

Gaitán ha aprovechado para recordar que fue el Gobierno quien puso en conocimiento de la justicia los hechos, quien denunció la lista fantasma y quien estableció los mecanismos para llevar a cabo adjudicaciones de viviendas de manera “transparente”, ha concretado en la rueda de prensa correspondiente al Consejo de Gobierno que se ha celebrado este mismo viernes. Políticamente se ha evitado cualquier tipo de pronunciamiento sobre peticiones de cárcel al hacer prevalecer la presunción de inocencia.

En el auto de apertura de juicio oral, que adelantó El Faro de Ceuta, se recoge que son responsables civiles directos tanto los 54 acusados como la propia Ciudad Autónoma, ya que la sociedad municipal Emvicesa es un organismo autónomo dependiente de ella. Por ello, habrá una vista en la que se le reclamará la cuantía de 6 millones de euros que puede ser presentada en forma de aval.

Los servicios jurídicos de la Ciudad Autónoma están analizando el contenido para interponer un recurso al respecto. En el caso del principal acusado en esta trama, Antonio López, también se le reclama la presentación de la misma fianza económica que al Gobierno de Ceuta.

Tal y como queda recogido en el escrito de acusación de la Fiscalía, a ojos del Ministerio Público existió una organización criminal en la que participaban varios implicados para la adjudicación por los cauces no regulares de las viviendas de promoción pública.