La Sección VI de la
Audiencia Provincial de Cádiz con sede en Ceuta, que ha fijado para el próximo 24 de octubre el inicio del juicio oral del
'caso Emvicesa', no quiere que ninguno de los más de
medio centenar de acusados, muchos anónimos, que se deben sentar en el banquillo de los acusados
intente eludir la acción de la Justicia. A tal efecto ha tomado una decisión “sin precedentes” según las fuentes jurídicas consultadas: obligar a los
procesados por cohecho, es decir, por cobrar o pagar para hacerse con viviendas de protección oficial irregularmente, a acudir a firmar periódicamente, cada vez más a menudo hasta el comienzo de la vista, a
dependencias judiciales. Además de al exgerente de Emvicesa, Antonio López, y a las tres personas que supuestamente ejercían para él de ‘captadores’ de ‘clientes’, más de cuarenta personas están encausadas por “abonar determinadas cantidades de dinero para la obtención de vivienda”.
A todos ellos se ha impuesto la obligación de acudir a firmar en el ‘Ceuta Center’ antes de mediodía desde el próximo 24 de julio. Tendrán que hacerlo cada quince días hasta que comience el mes de octubre, cada siete a partir de entonces y todas las mañanas en la semana previa al arranque de las sesiones del plenario, que se desarrollarán del 24 al 26 de octubre, todo noviembre de martes a jueves “y las demás jornadas ulteriores que fuesen necesarias”.
La Audiencia ha estimado que existe un riesgo potencial de sustracción a la acción Justicia creciente (porque el juicio ya no es un horizonte difuso, sino muy concreto) en las personas que se podrían enfrentar a penas de 6 años de prisión por esos supuestos pagos.
Por ello la medida cautelar, este “régimen de comparecencias periódicas”, se adopta en base a lo previsto en el artículo 530 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal como “medio menos gravoso para minimizar” la posibilidad de que alguien intente “huir del territorio nacional” o “deslocalizarse dentro del mismo”.
Contra los autos en ese sentido dictados por la Audiencia cabe
recurso de súplica en el plazo de tres días desde su notificación.
La
Fiscalía pide un total de cerca de 300 años de cárcel 54 políticos, empleados públicos y ciudadanos de Ceuta acusados de participar de una u otra forma en la adjudicación irregular de parte de dos promociones de 487 viviendas sociales en la ciudad autónoma.
El Ministerio Público reclama solo para Antonio López 26 años de prisión (con accesorias de multa de 5,9 millones de euros e inhabilitación por diez años) como presunto “cabecilla de la red” por los supuestos delitos de prevaricación continuada,
falsedad de documentos en concepto de autor e inductor, cohecho continuado, promotor y director de organización criminal y blanqueo continuado de capitales.