Algo más del nueve por ciento de las personas dependientes de nuestra ciudad no reciben prestación. Se da la circunstancia de que tanto Ceuta como Melilla figuran en los lugares más bajos del escalafón nacional.
La situación se agrava en el caso de Canarias, donde el 57,9 % de los afectados no percibe ayudas; en Galicia (45,4%) y la Comunidad Valenciana (42,1%).
La siguiente comunidad es Baleares (con el 38,7% de dependientes sin atención), seguida de Cataluña, con el 34,7 %; de Aragón y Extremadura, ambas con el 33,3 %; de Murcia (31 %), Asturias (30,6 %) y Castilla-La Mancha (30 %).
Por debajo del 30 % están Andalucía (28,8 %), Navarra (24,8 %), Madrid (17,5 %), País Vasco (15,4 %), Cantabria (14,4 %), La Rioja (13,4 %), Ceuta y Melilla (9,1 %) y Castilla y León (7,5 %).
Según el presidente de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, José Manuel Ramírez, estos "vergonzosos porcentajes" son un reflejo de lo que se conoce como el "limbo de la dependencia", es decir, el número de beneficiarios que tienen derecho a estas ayudas pero que aún están esperando a que sus autonomías aprueben el Plan Individualizado de Atención (PIA), requisito necesario para recibir estas prestaciones.
Actualmente, el sistema de dependencia cuenta con 741.713 beneficiarios; personas y familias que reciben prestaciones y servicios por derecho reconocido.
Sin embargo, precisa Ramírez, en este último año, el promedio mensual de beneficiarios ha sido de 6.649 (tres veces menos que en años anteriores).
Además, para Ramírez resulta "preocupante" que la tendencia desde mayo de este año haya sido decreciente y que en el último mes la variación haya sido negativa, lo que significa que mueren más dependientes de los que ingresan en el sistema.
De hecho, en el último semestre de 2011, sólo el País Vasco, Andalucía, Madrid y Castilla y León han aumentado el número de beneficiarios, aunque moderadamente, mientras que en las restantes autonomías las nuevas incorporaciones se han frenado o incluso caído (Aragón, Valencia, Asturias, Navarra, Extremadura y Castilla La Mancha).
Ramírez advierte también de que desde que se puso en marcha el sistema de dependencia, hace un lustro, éste ha sido el primer año en el que el gasto se ha reducido, ya que el ritmo de fallecidos dependientes supera al número de personas que forman parte del limbo de la dependencia y que, por tanto, no se benefician de esta ley.
En concreto, en 2011, han fallecido 60.000 grandes dependientes, precisa Ramírez.
Una situación además que se va a complicar en los próximos meses con los distintos recortes que se deberán realizar en determinadas prestaciones que llegan desde las arcas de la Administración General del Estado y donde parece que todo lo relacionado con la Ley de Dependencia pudiera tener una situación excepcional.