Casar legalidad con legitimidad para divorciarse

Mas se ha empeñado en divorciar a toda costa a Cataluña de España. Pero, paradójicamente, para lograrlo pretende que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) case “legalidad con “legitimidad”.

Y es que, como el divorcio extingue no sólo el vínculo matrimonial sino también el régimen patrimonial de la sociedad conyugal, él lo que parece estar buscando es una especie de contubernio con España que le permita mantener con ella la total separación de los tributos que se recauden en Cataluña, que estarían destinados exclusivamente a los catalanes, pero sin tener que perder los que recibe del Erario Público español;  y, además, quiere que la España sufridora del divorcio tenga también que pagar todos los gastos que la ruptura del vínculo conlleve, o la “litis expensa”, que regula el artículo 1318.3 del Código Civil, en virtud de la cual el cónyuge con mayor capacidad económica está obligado a soportar todo lo que cueste el proceso judicial de separación. En resumen, lo que Mas pretende es algo así como: “Lo tuyo es también mío, pero lo mío es sólo para mí”. Pero, además, para divorciarse se ha permitido presionar al Presidente y al Fiscal del TSJC en la celebración del “Día de la Justicia” catalana, indicándoles cómo hay que llevar a cabo ese nuevo “maridaje” que él se ha inventado de casar lo “legal” con lo “legítimo” para que España y Cataluña puedan divorciarse. Pero como en este país que todavía llamamos España, de un tiempo a esta parte la justicia parece que empieza a ser igual para todos, incluidos los políticos y corruptos, pues el TSJC ha acordado ya que Mas y dos de sus consejeros han de rendir cuentas en juicio por la comisión de un presunto delito de abierta desobediencia al Tribunal Constitucional por haber celebrado el pasado “9-N”, dos veces prohibido por unanimidad. Ese esperpento de consulta, es que ya no se utiliza ni en los países tercermundistas más atrasados.
La tesis jurídica de Mas es que “aplicar el Estado de  Derecho supone llevar las cosas a su límite”; y que lo que hay que hacer para evitarlo es “casar bien la legitimidad de la democracia con la legalidad del Estado, porque cuando tantas personas tan diferentes apoyan un proyecto, la ley debería ser moldeable”. Y, después, en base a tales declaraciones, la TV-3 catalana presentó un programa comparando una pelea conyugal, con maltrato de género incluido, con las relaciones de España con Cataluña. Y eso es lo que me empuja a retomar de nuevo este artículo para poder argumentar a contrario la serie de burradas jurídicas con las que este hombre tanto se prodiga sin tener la más remota idea de lo que dice ni de lo que hace, jurídicamente. Sólo por el hecho de desempeñar un cargo institucional de tal relevancia y dignidad como es la Presidencia de una comunidad, debería ser mucho más cauto, saber comportarse, ser y estar a la altura que el puesto exige, debiendo también ser más mesurado y tener un juicio más sereno y ponderado para tratar con más respeto y consideración a la Justicia independiente,  al pueblo que representa, e incluso a sí mismo. Porque no se puede usar la fuerza legitimadora de las masas para ir contra la ley, como él pretende, ya que en esto último es precisamente es en lo que se apoyó el fascismo.
Pero es que, además, la asistencia a las urnas el “9-N” en Cataluña no sólo no les da ninguna legitimidad a los separatistas para romper con España, sino que se la quita de plano. No hubo tal asistencia masiva a las urnas. El censo electoral oficial era de 6.224.140 electores, más los menores con 16 y 17 años y los inmigrantes extranjeros que votaron sin deber, que elevarían el censo a unos 6.500.000 electores, de los que sólo votaron 2.305.290, menos del 30 %, debiendo de ellos restar los que votaron “no” a una Cataluña independiente. Y no digamos ya del recuento plagado de las irregularidades que se sabe cometieron. De esa forma, como ya expuse en otro artículo, aquel sucedáneo de votación llamado consulta, que ya ni siquiera se utiliza en los países dictatoriales, fue un rotundo fracaso para Mas y los suyos, por mucho que ellos lo presentaran como una impresionante manifestación de masas. Prueba de ello es que en una encuesta reciente el CIS de la propia Generalidad se nos acaba de decir que los separatistas catalanes sólo alcanzan un 44´5%, mientras que los unionistas españoles llegan al 45´3 %; de lo que sólo se concluir que el “9-N” supuso la completa deslegitimación del separatismo.
Pero ya que Mas se atrevió a echar aquel órdago a los miembros del TSJC de Cataluña en su presencia, marcándole la forma como debían casar “legalidad” con “legitimidad”, habrá que explicarle (por aquello de enseñar al que no sabe) que legalidad equivale al Derecho positivo, es el Derecho válido, el que lo es en sentido objetivo y coactivo, el que se aplica con fuerza de obligar, el que está en vigor; o sea, la ley pura y dura aprobada por el Parlamento como más genuino representante del pueblo. Y ese Derecho positivo al que me refiero tiene una ineludible y obligada vinculación con la democracia, como expresión máxima de la voluntad popular; al igual que también está vinculado al Estado democrático y social de Derecho, entendido  éste como el imperio de la Ley, en la que, dentro de la pirámide normativa y de la jerarquía de las normas jurídicas, ocupa la cúspide o primer puesto la Constitución, de la Carta Magna, como Ley de leyes que es, que exige la subordinación y sumisión a la misma de todos los poderes del Estado, entre ellos el de la Generalidad de Cataluña y el primero su Presidente, que no sólo juró cumplirla sino también hacerla cumplir, para luego traicionar su juramento. ¿Y es que pueden ponerse  las cosas más “al límite” y “moldearse más la Ley” que con tal disparate como el que Mas quiso marcar a la Justicia?
Por su parte, la “legitimidad”, que es muy importante, pero que ya hemos visto antes que para nada se ha dado con el “9-N” para que pueda servir de apoyo a la independencia de Cataluña, es el Derecho que debería ser, el ético y el moral que suele enmarcarse en los dictados de lo sobrenatural; pero sólo es Derecho subjetivo de concepción más bien de lo conceptual, mientras la “legalidad” tiene efectos “era omnes” (generales frente a todos) y prevalece siempre sobre la “legitimidad”, porque aquélla es el Derecho en vigor por el que hay que regirse, mientras que ésta es el Derecho ideal que no siempre existe como norma jurídica con fuerza de obligar. Ahora bien, cuando ambos conceptos confluyen, entonces es cuando se da la razón máxima de ser del Derecho, porque la norma legal que además esté legitimada porque el pueblo la quiera, la encuentre razonable y la cumpla por propia convicción, porque coincida con lo eficaz, lo bueno lo justo y lo necesario, pues de la suma de ambas potencialidades jurídicas es de donde nace el auténtico Derecho y la verdadera justicia. Y Mas y sus adláteres secesionistas ni se atienen a la Constitución ni a legalidad, conculcándola de forma permanente y constante, desobedeciendo a los Tribunales de Justicia, riéndose del Gobierno y de los españoles; ni tampoco cumplen con la legitimidad que tanto invocan, pero que para nada tienen. Y, así, al igual que la legitimidad da más fuerza y razón de ser a la legalidad, también esta última es la que más reconocimiento y credibilidad da a la legitimación. Todo lo que se pretenda hacer fuera de la Ley o saltándose ésta, puede ser posible y hasta razonable, pero no es legítimo.
En el debate legalidad-legitimidad lo primero que hay que hacer es respetar las reglas de juego y las normas de convivencia que la comunidad se ha dado: la Constitución, que incluso prevé en sus artículos 166 y 167 la forma de cambiarla, cuya pretensión hasta puede ser legítima si el cambio se propone y se aprueba primero en el Parlamento y después en referéndum por el único titular de la soberanía nacional, que es el pueblo; pero siempre que se haga dentro de los cauces  y del sistema de cambio que la propia Carta Magna establece.  Y es la propia Constitución la fuente de la que emana mayor legalidad y también mayor legitimidad. Legalidad máxima, porque está en la cúspide de la pirámide de la jerarquía de las normas jurídicas. Y también legitimidad mayor, porque fue aprobada con casi un 90 % de los españoles en referéndum nacional, y por más del 90 % de los catalanes. Esa es la única forma de poder casar legalidad y legitimidad, y no la legitimidad de Mas, de independencia “ sí o sí”, o impuesta a base de votar con urnas de cartón abiertas, sin contar con un censo electoral, sin estar la consulta  autorizada y pese a la doble prohibición del Tribunal Constitucional por unanimidad, sin el mínimo control de apoderados e interventores, donde los que organizan ilegalmente la votación son los mismos que luego están en las mesas electorales, los que cuentan los votos y los que dan los resultados, habiendo permitido votar varias veces a algunos electores tal como ha sido público y notorio. Y esa es la “legitimidad” de Mas, que si por algo se ha hecho célebre con ella es por haber sido el hazmerreir de todo el mundo, con tantas otras veces.
Y Mas lo que debería hacer es empezar a gobernar seriamente, con rigor y solvencia para solucionar los numerosos problemas que ha originado a los ciudadanos que viven en Cataluña, en lugar de crear problemas tan absurdos como los de enfrentar a unos contra otros y sembrando la división, el odio, el sectarismo, la discriminación entre las personas según se sea o no independentista, en los colegios según se hable en castellano o en o sólo catalán, en los comercios según se rotulen sus nombres en catalán o en castellano, y en la sociedad en general. Si de verdad se pusiera a trabajar en serio por Cataluña todo el tiempo que pierde inútilmente en tantas necedades separatistas, prestaría un buen servicio a su país, al que ha llevado a la bancarrota. Si no lo hace así, el pueblo y la historia se lo demandarán.