Informe
En el citado informe se reconocía que existían máquinas que aún no se habían traído por parte de Trace, la concesionaria de la limpieza, pero que el propio pliego de condiciones que rigió el concurso al que nada más se presentó la actual concesionaria tenía algunas indefiniciones. Y que esa había sido la razón por la cual Trace pidió una ampliación de tres meses para el plazo de seis meses que tenía hasta finales de julio para la compra de todo el material técnico, solicitando incluso a los propios servicios de la Ciudad Autónoma una aclaración en relación con esas indefiniciones que observaban en el pliego. Junto a ello argumentaban en la citada ampliación que existían problemas para que los proveedores que existen en nuestro país les pudieran servir en tiempo y forma. Con estos argumentos, el técnico facultativo envía sus argumentos a Contratación, señalando que podían ser factores que podrían justificar estas decisiones de retraso.
Y una vez que el consejero de Hacienda tiene en sus manos las conclusiones del estudio señala que se envíe todo el conjunto al político responsable del contrato que es, precisamente, el consejero de Medio Ambiente, Dotaciones Urbanas y Barriadas, Gregorio García Castañeda para que fuera el mismo el que decidiera cuál es la decisión final que debe adoptarse, si el archivo o en todo caso la señalización de una sanción.
Para el mismo consejero son numerosos los pasos que ha tenido la acción del Gobierno autonómico desde que a finales del mes de julio dio las órdenes oportunas para la realización de este informe y el camino que desde entonces se ha realizado y que está a punto de culminarse, “que demuestran de manera fehaciente que no hay ningún atisbo de favor desde el Ejecutivo”.
El consejero tendrá la última palabra
De todas maneras, al final será el consejero de Economía, Hacienda y Recursos Humanos, Emilio Carreira, quien tendrá la última palabra sobre si hay o no sanción a la empresa concesionaria de la limpieza, ya que entre sus competencias se encuentra la firma de la sanción si por parte del responsable del contrato, Gregorio García Castañeda, se decide que es ése el camino y no el archivo. Hay que recordar que Contratación propone una sanción que está entre los quince y los sesenta mil euros, pero cuando el consejero de Medio Ambiente pida a sus técnicos el análisis será cuando se conocerá.
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