El consejero de Economía, Hacienda y Recursos Humanos, Emilio Carreira, vino a denunciar ayer una especie de campaña contra el interventor de Fondos de la Ciudad Autónoma, José Caminero Fernández, “porque hay algunas personas que no aceptan el criterio profesional del mismo”. Y es que durante la comparecencia del portavoz del Gobierno tras la celebración de la reunión semanal fue el tema del nombramiento de los máximos responsables funcionales de la Ciudad el que se llevó un mayor número de preguntas. Aprovechó la ocasión “porque lo que menos importa es quién gane o pierda un debate, sino que entiendo que el pleno es un lugar para que cada grupo político exponga sus argumento y ya está”. Y es que sobre este particular aludió a que bajo ningún concepto en los contactos que se han mantenido con la Dirección General de la Función Pública se les ha dicho que el Gobierno quiere nombrar a quien desee para los puestos de interventor, secretario general y tesorero, sino que “el sistema de libre designación se pueda hacer entre los funcionarios de habilitación nacional que tengan esta categoría”. Además indicó que la petición que ha sido efectuada ha sido atendida por parte de la directora general “porque es lógica”. Comenzó señalando que el tema del concurso no es que “sea malo por sí mismo, pero ya conocemos quienes tenemos experiencia en la función pública que la antigüedad y una serie de cursos ya te permiten contar con una puntuación que luego a lo mejor no significa que seas el mejor”. Y contó la experiencia de cómo en la Ciudad Autónoma se ha tenido habilitados nacionales que, por supuesto, supusieron una verdadera rémora para el funcionamiento de la institución y recordó que existen muchas pruebas sobre este particular. Considera que no es normal que exista un concurso y que quienes están responsabilizados de ser el jurídico, el responsable económico y quien controla los fondos “la Ciudad no pueda opinar sobre ellos para nada antes de que se nombre”. Añadió que tampoco parecía lógico que cuando una ley está a punto de ser renovada se colara por la puerta trasera un concurso para cubrir las plazas de interventor y tesorero, “porque además la ley de racionalización y sostenibilidad de las entidades locales nos da el derecho de ser nosotros mismos quienes pongamos en marcha el sistema y que procedamos a nombrarlos por libre designación”. Lo que sí se tenía muy claro desde el mismo Gobierno es que lo no entendible es que “Ceuta no fuera igual que el resto de las autonomías españolas”. Además, al mismo Carreira no se les escapa que otras fuerzas políticas defendieran a lo largo de estas últimas semanas que no se anulara para nada la resolución de la Dirección General de la Función Pública, “con lo que ello significaba de recortar los derechos autonómicos de nuestra ciudad, cuando luego, en otras ocasiones, resulta que enarbolan la bandera de la autonomía hasta extremos insospechados”. Lo que también se tiene muy seguro es de que si una vez que se convoquen las plazas por parte de la Ciudad Autónoma no se presenta nadie, la idea es que continúen en el cargo los mismos funcionarios de la Ciudad que durante los últimos años han venido desarrollando las competencias en este puesto, “a plena satisfacción de este equipo de Gobierno desde el principio” en que comenzaron a ejercer en sus plazas. Sí es cierto es que ninguno de los funcionarios de la Ciudad Autónoma de Ceuta puede presentarse a este convocatoria porque no tiene la categoría administrativa para su desempeño.
Las claves
Razonamientos Potestad autonómica El principal argumento que ha utilizado el equipo de gobierno es que no iba a perder competencias de autogobierno, admitiendo un concurso que vulneraba su derecho a organizar este proceso. Y es que la nueva ley de racionalización de Régimen Local permite esta autoorganización, después de la enmienda introducida por el Partido Popular y aprobada ya tanto en el Congreso como en el Senado. Críticas A la oposición El consejero Carreira fue muy claro al decir ayer que no entendía el papel que habían estado jugando algunos políticos de la oposición, queriendo que se llevara adelante el concurso de la Dirección General de la Función Pública, cuando era una recorte de las competencias autonómicas y “luego se presentan como más autonomistas que nadie”. Entendimiento Se aceptó por Madrid Desde la Ciudad se entiende que por parte de la Dirección General de la Función Pública se ha anulado el proceso para nuestra ciudad porque los argumentos utilizados por parte del Ejecutivo del presidente Vivas eran muy claros y además con un gran peso jurídico que no admitía otras interpretaciones.Críticas a la oposición El mismo Carreira afirmó no entender la postura que han defendido a lo largo de estos días de polémica determinados miembros de la oposición a los que no le importaba para nada el recortar las competencias autonómicas de la Ciudad Autónoma.