Carreira defiende la refinanciación de 2014 por “necesaria y oportuna”

  • Los técnicos de Intervención están elaborando los informes para responder al Tribunal de Cuentas

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea y consejero de Medio Ambiente, Emilio Carreira, está convencido de que la refinanciación bancaria que el Pleno aprobó en 2014 para lograr dos años de carencia en la amortización de varios préstamos, operación en la que el Tribunal de Cuentas (TCu) ha apreciado “indicios de menoscabo de fondos públicos derivados de un pago excesivo de intereses”, fue “absolutamente correcta desde el punto de vista técnico”.

En declaraciones a ‘El Faro’, el político, que fue el proponente de la iniciativa cuando dirigía la Consejería de Hacienda sin ser diputado electo, defendió ayer su “necesidad” y su “legalidad”. “Yo no voy a entrar a discutir la interpretación ni las actuaciones del Tribunal de Cuentas porque el Área de Intervención ya está elaborado los preceptivos informes al respecto pero la refinanciación era, en aquel momento, cuando la crisis más apretaba a las Administraciones Públicas, absolutamente necesaria y se ejecutó de forma ajustada a la normativa de estabilidad y de carga financiera de la institución”, alegó Carreira.

Desde su punto de vista, “en términos de oportunidad y conveniencia, que son criterios y razones políticas, la operación estaba más que justificada para dar oxígeno y resuello a la Ciudad Autónoma con el fin de que pudiese seguir cumpliendo con sus obligaciones”.

A juicio de Carreira, que Caballas intente “mezclarlo todo” aprovechando “la enésima vez que el TCu traslada algo a su Sección de Enjuiciamiento sin que nunca haya pasado nada más que terminar constatando la probidad de la acción de este Gobierno”.

El consejero estima que para valorar aquella operación es necesario resituarse en un contexto “en el que el crédito financiero estaba cerrado y la prima de riesgo, en 500 ó 600 puntos”. “Para poder ejecutar el presupuesto sin hacer lo que se hizo en otros sitios, echar gente a la calle, recortar políticas sociales o cerrar empresas públicas, era necesario aliviar la presión de la amortización de la deuda y el resultado fue un éxito rotundo porque la Ciudad”, recordó Carreira, “cumplió con sus proveedores, sostuvo su red de protección social, siguió pagando las nóminas y no despidió a nadie”.

“Se hizo lo que se tenía que hacer”, resumió el consejero, “y cuando se pudo porque lo permitieron los mercados, también conmigo como proponente, la deuda se volvió a refinanciar y hoy su coste no supera el 1% pero todo lo conseguimos gracias a la solvencia que merece a las entidades financieras la Ciudad Autónoma, que tampoco tuvo, como Cataluña, que pedir el aval del Estado para ejecutar operaciones parecidas”, comparó.

Sobre el coste de la refinanciación, 3,7 millones, Carreira entiende que es el precio que en su momento impuso el mercado y la coyuntura económica. “Cualquiera que tenga que refinanciar su hipoteca para evitar perder la casa sabe que va a tener que pagar más dinero si le aceptan su petición”, ejemplificó.

Contra el “discurso rancio y comunista” de Caballas

El portavoz del PP en la Asamblea se mostró ayer especialmente duro con Caballas, que interpelará en el próximo Pleno al Gobierno sobre cómo va a responder al Tribunal de Cuentas después de que haya pasado a su Fiscalía y a la Abogacía del Estado la refinanciación de la deuda de hace tres años por generar un sobrecoste de 3,7 millones.

“Caballas parte de un principio endemoniadamente falso que pretende obviar que cuando no hay dinero no es posible atender ni a los bancos ni a los pobres ni a los proveedores: no se puede escoger”, subrayó el consejero de Medio Ambiente, que repudió el “discurso rancio y comunista” de la coalición, por el que según su criterio “convertirían Ceuta en una copia de la Venezuela de Maduro”.

“Que no saquen pecho ahora porque no tienen ni idea”, exigió el miembro del Ejecutivo de Vivas, que insistió en que el expediente de la operación se tramitó “con el respaldo de Intervención” y sin vulnerar el Plan de Estabilidad y los límites de endeudamiento de la Administración.

 

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