La radiografía del Defensor del Pueblo

Inmigración, MENA, empadronamiento. Estos son algunos de los asuntos abordados por la Institución, que ayer presentó la memoria 2017 en la que se recogen 45 quejas de Ceuta

El Defensor del Pueblo ha tramitado en 2017 hasta 45 casos procedentes de Ceuta relacionados con quejas en ámbitos como Justicia, inmigración, vivienda o servicios públicos. Sobre todos ellos ha habido respuesta de la Institución en forma de recomendación, tal y como se recoge en el informe anual presentado ayer ante el Congreso y el Senado.

Los problemas de la frontera del Tarajal que tantas incidencias han generado en nuestra ciudad no han pasado por alto al Defensor, que ha recibido varias protestas de ciudadanos por los graves perjuicios de los colapsos.

Delegación del Gobierno contestó a la Institución aludiendo a los proyectos de reforma de la propia frontera y de la carretera, así como a la vía alternativa de comunicación desde el Príncipe Alfonso a los polígonos para descongestionar la zona.

No obstante desde la plaza de los Reyes se reconoce abiertamente “que seguirá perviviendo una problemática estructural que requiere de una solución normativa, proponiendo la revisión de la exención de visados para la entrada a Ceuta y Melilla”.

El Defensor no ha formulado recomendación alguna a este respecto. Apartado especial en la memoria del Defensor ha merecido la situación de los MENA, en torno a la que el Defensor ha echado en falta disponer de datos actualizados sobre menores en desamparo y por nacionalidades en todo el país. “A la vista del tiempo transcurrido y el número de quejas que no deja de crecer, esta institución considera que ha llegado el momento de hacer una revisión en profundidad del sistema existente”, expone.

El Defensor tiene en cuenta la particular problemática que acontece en nuestra ciudad y también en Melilla, al ser ciudades frontera con mayor presión migratoria lo que deriva en una mayor presencia de menores extranjeros no acompañados.

De igual manera advierte sobre el trato que reciben los peticionarios de asilo en el CETI advirtiendo de que debe ser el personal del CETI el que evalúe las necesidades de los solicitantes de asilo para que proponga quiénes deben ser trasladados y no el órgano policial.

En el caso del CETI de Ceuta en 2017 hubo 225 solicitantes de asilo y su estancia aumentó respecto de 2016 hasta situarse en 115 días, sin que se les dé una atención especializada. En cuanto a Justicia, el Defensor recoge los problemas técnicos que sufren los funcionarios en nuestra ciudad así como en otros puntos de España.

Caos en la frontera

Delegación del Gobierno contestó a la Institución aludiendo a los proyectos de reforma de la propia frontera y de la carretera, así como a la vía alternativa de comunicación desde el

Sobre la solicitudes de empadronamiento

El recurrente tema del empadronamiento, que tantos casos de debate y acción política está ocasionando, ha dado pie a una recomendación dirigida específicamente a la Consejería de Presidencia para que “se considere como suficiente” para tramitar la solicitud que presente un extranjero solicitante de asilo “el documento con su identidad facilitado por una autoridad española”.

El Defensor aclara que no se le debe “exigir la aportación de un permiso de residencia inicial y otro documento que acredite su permanencia en territorio español, ni ningún otro requisito ajeno a la comprobación de que vive habitualmente donde se ha indicado”.

Esta medida se adopta a colación del caso de un argelino al que se le denegó su solicitud de empadronamiento.

El Defensor insiste en que los ayuntamientos “ni intervienen en la concesión de los permisos de residencia ni son competentes para controlarlos. Su obligación es reflejar en un registro, el padrón, el domicilio… sin controlar a través del padrón la legalidad o ilegalidad de la ocupación de la vivienda” ni la “legalidad de la residencia en España de sus vecinos”.

En este caso, si el ciudadano argelino denunciante “está viviendo habitualmente en Ceuta”, aunque “por resolución expresa de Interior hubiese quedado en una situación ilegal en territorio español, tiene derecho a ser empadronado”.

Atención de la Guardia Civil en el mar y el 6F

El Defensor ha recibido quejas en cuanto a las atenciones en el mar prestadas por la Guardia Civil con embarcaciones, informándose por parte del Instituto Armado de que se actúa en coordinación con Marruecos y nunca se desasiste una intervención.

El nuevo archivo de la causa del 6F también ha sido conocida por la Institución, que concluye cómo se mantiene informada del desarrollo del procedimiento, así como de la respuesta dada por la Fiscalía de los intentos por localizar a testigos de la tragedia localizados en Alemania.

La situación de bloqueo en el CETI

Como asunto recurrente, el Defensor ha sido informado de la situación que afecta a inmigrantes del CETI que han solicitado asilo y que se mantienen bloqueados en nuestra ciudad. La Institución insiste en que no debe restringirse esa libertad de movimientos, chocando con el criterio de la Administración.

“Ni las recomendaciones de esta Institución ni las resoluciones judiciales han conseguido que la Administración modifique su posición”, lamenta. “Los interesados suelen exponer sus problemas de convivencia, pero es la comisaría la que tiene la última palabra”.

El Defensor muestra su hartazgo ya que mantiene su mismo criterio de que los solicitantes de asilo tienen derecho a circular por todo el territorio español, por lo que ha vuelto a reclamar prioridad en los traslados de estas personas.

De hecho advierte de que debe ser el personal del CETI el que evalúe las necesidades de los solicitantes de asilo para que proponga quiénes deben ser trasladados, no el órgano policial. En el caso del CETI de Ceuta en 2017 hubo 225 solicitantes de asilo y su estancia aumentó respecto de 2016 hasta situarse en 115 días, sin que se les dé una atención especializada.