La Guardia Civil ha detenido a una persona que se dedicaba a distribuir carnés de conducir falsos por España: canjeaba carnés falsos de Marruecos por permisos españoles, en una operación en la que ha detectado más de 50 y en la que ha investigado a 40 personas por falsedad documental que utilizaba estos carnés.
La Operación Muzawara continúa abierta y no se descartan más detenciones, según informa la Guardia Civil, que ha practicado un registro en el domicilio madrileño del detenido, desde donde se distribuían los permisos.
Los investigadores han intervenido numerosa documentación, dinero en metálico, dispositivos móviles y permisos de conducir vinculados a las investigaciones.
La operación ha sido desarrollada por el Grupo de Investigación y Análisis Trafico (GIAT) de los Sectores de Tráfico de la Guardia Civil de Asturias y de Navarra, junto con personal del Grupo de Investigación y Análisis Central.
Los 40 investigados por falsedad documental utilizaban permisos de conducir falsificados de Marruecos, para canjearlos por el permiso de conducir español. Hay una persona detenida en Madrid, desde donde se distribuían los falsos carnés.
A mediado de 20222, La Guardia Civil, en el marco de la operación Golden Card, detuvo a ocho personas como presuntos autores de delitos de estafa y falsificación de documentos por vender falsos permisos de conducir a través de webs y redes sociales.
Durante el año y medio de investigación, coordinados con la Fiscalía Provincial en Badajoz, los agentes pudieron averiguar la implicación de un grupo perfectamente jerarquizado, quienes crearon una quincena de portales web fraudulentos.
En ellos ofertaban la venta de permisos de conducción a cambio de una cantidad de dinero que oscilaba entre los 600 y 19.000 euros cada uno. Para los pagos, utilizaban cuentas de terceros en las que desviaban el dinero.
En estas mismas páginas web creadas por el grupo y mediante enlaces, también se hacían pasar por financieras, ofreciendo la concesión de presentamos online. Los falsos prestamistas ponían como condición inicial para crear la supuesta cuenta, el ingreso de una cantidad de dinero que oscilaba entre los 500 y 1.000 euros, concesión y prestación que nunca se llevaba a cabo y tampoco la devolución del dinero entregado.
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