La empresa pública de aguas madrileña Canal de Isabel II y su filial Extensia, que ejercen la acusación particular en el caso Lezo, reclaman hasta 11 años de cárcel para cinco de sus exdirectivos –entre ellos, el exdelegado del Gobierno en Ceuta, Luis Vicente Moro– por delitos de fraude a la administración pública y malversación de caudales públicos agravado en relación a la compra presuntamente fraudulenta de la sociedad brasileña Emissao, según el escrito de acusación al que ha tenido acceso eldiario.es.
Los investigadores calculan que esta operación, que tuvo lugar en noviembre de 2013, generó un perjuicio de entre 6,4 y 9,6 millones de euros para las arcas públicas.
El instructor de la causa, Manuel García Castellón, concluye que la compra de Emissao se hizo a un "sobreprecio indebido" para que los investigados pudieran repartirse comisiones ilegales. García Castellón procesó en noviembre a siete acusados en esa causa.
Entre los implicados está Moro, vinculado al grupo empresarial Essentium. Moro habría propuesto al expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, que el Canal comprara Emissao "pagando por ella un sobreprecio indebido con cargo al cual pudieran repartirse comisiones ilegales", según la información de eldiario.es.
Según la acusación, la proposición de Moro fue aceptada por González, quien encomendó la gestión a su "amigo" Rodríguez Sobrino, de acuerdo con la publicación de este medio de comunicación digital. Eso sí, con el encargo de que garantizara el cobro de comisiones para los tres, así como para las personas que necesitaran incluir en el plan para poder consumarlo.
González se quedó el doble que los otros cuatro procesados (1,8 millones), entre ellos Edmundo Rodríguez Sobrino, delegado del Canal en Latinoamérica, y Moro, exdelegado del Gobierno en Ceuta.
La empresa pública de aguas pagó por el 75 por ciento de la mercantil brasileña 31 millones de dólares, cuando costaba entre 17,9 y 22,2 millones de dólares, según ha revelado la investigación. Esa cantidad incluiría los 5,4 millones de dólares que se iban a repartir en "ilícitas comisiones" parte de los investigados.
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