El Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas ha vuelto a señalar a la Administración española, tras otras advertencias en el último año, por la gestión de varios casos de menores extranjeros no acompañados llegados al país, denunciando que se han violado los derechos de dos adolescentes inmigrantes llegados en 2016 y 2017, que no contaron con las garantías necesarias en el proceso para decretar su edad, según denunció la Fundación Raíces. Uno de los casos en concreto que se ha denunciado tiene que ver con Ceuta, después de que la ONU haya reprendido a la Administración española por la historia de un camerunés nacido en el año 2000 que saltó la
valla de Ceuta en 2016 y terminó en Madrid, tras asegurar que le habían aconsejado que no revelara que era menor de edad. En la capital, la Fiscalía decretó en 2017 que tenía más de 18 años porque se negó a realizarse una radiografía de la muñeca para determinar su edad. Y a pesar de que entregó un documento del consulado de Camerún que confirmaba que era menor, no se aceptó revisar su caso y se decretó su expulsión. Pero España también ha sido condenada por otro caso, el de un argelino de 17 años llegado a Almería en 2017 y al que se le practicó una radiografía de muñeca que determinó que tenía 19 años. Esto provocó su internamiento en un CIE y a pesar de que acreditó su minoría de edad con documentación, la Fiscalía tampoco revisó su caso.
Devolución en caliente de Melilla
Estos dos dictámenes se unen a la censura a España, en febrero, por parte del Comité de los Derechos del Niño por la devolución en caliente de un menor que saltó la valla de Melilla en 2014 y a otra advertencia anterior por la situación de vulnerabilidad de los menores extranjeros no acompañados en el país. Pero además, la Fundación Raíces, que fue quien llevó a Ginebra los dos casos recién censurados, ha presentado otras nueve denuncias más y habla del “trato racista y discriminatorio” que da la Administración a estos niños. La ONU ha recordado a España que los documentos disponibles deben considerarse auténticos salvo prueba contraria y deben tenerse en cuenta las declaraciones de los niños. Y también critica que se incumpliera la medida provisional de trasladar a ambos niños a un centro de protección de menores mientras se resolvían los casos. La decisión obliga a España a evitar que se cometan violaciones similares en el futuro y determina que el Estado debe compensar a los niños ofreciéndoles incluso la oportunidad de que regularicen su situación administrativa.