El Ministerio Fiscal no prevé terminar su calificación
del ‘caso Emvicesa’ hasta la recta final del verano, concretamente hasta el mes de septiembre, según han indicado
fuentes judiciales que han precisado que al ser “parte necesaria del procedimiento”,
la Fiscalía no tiene que someterse al plazo ordinario de diez días para pronunciarse con vistas a la apertura de juicio oral.
La Audiencia Provincial desestimó íntegramente a finales de mayo tras estudiarlos durante 18 meses los 19 recursos presentados contra el auto que había puesto fin a la instrucción de la mayor macrocausa de la historia de la ciudad, ligada a una supuesta trama integrada por 60 políticos, funcionarios y particulares para adjudicar irregularmente viviendas protegidas. La acusación particular que representa a varias de las personas que aparecieron en la 'lista fantasma' de las 317 VPO de Loma Colmenar pedirá en la vista un total de 24 años de cárcel para el ex gerente de la sociedad municipal y ex viceconsejero Antonio López, a quien atribuye siete supuesto delitos, seis continuados de malversación de caudales públicos (5), falsedad documental (5), prevaricación, cohecho (5), blanqueo de capitales (5) y tráfico de influencias y otro de organización criminal (4). Para el resto de acusados solicita un máximo de hasta 10 años de reclusión. Como “cabecilla de la organización criminal y máximo responsable” consideró que López habría entregado con la complicidad de cinco ‘captadores’ a cambio de pagos previos “que se haya podido acreditar” viviendas de la promoción de 170 VPO de Loma Colmenar “y lo intentó respecto de la de las 317, algo que quedó frustrado por su cese”, a personas que pagaban “por necesidad o puro interés económico”.
A la luz de la instrucción efectuada se considera un hecho que “cuando los captadores tenían a un particular interesado en la vivienda, lo ponían en conocimiento del cabecilla, quien, por su cargo, lograba que ingresaran en la lista de adjudicatarios: los colaba en la lista de adjudicatarios o bien entregaba documentos creados falsariamente que parecían conceder derecho a la vivienda (los ‘compromisos’)”.