Cada ceutí recibió en 2012 del Estado 4.336 euros más de los que aportó a sus arcas

El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas publicó ayer por segundo año consecutivo con la misma metodología los resultados del Sistema de Cuentas Públicas Territorializadas (SCPT) correspondientes al año 2012 con el fin de “ofrecer una radiografía detallada de la incidencia territorial de los presupuestos públicos desde una óptica de carga-beneficio, tanto por el lado del ingreso como del gasto”.

Según sus números, únicamente cuatro comunidades registran déficits fiscales, es decir, aportan más al Estado de lo que reciben: Madrid (-2.927 euros por habitante sumando ingresos fiscales y gasto público), Cataluña (-984), Comunidad Valenciana (-284) y Baleares (-1.192). En el otro extremo de la balanza, estableciendo la comparación igualmente en términos per cápita, ceutíes y melillenses son los más favorecidos: cada residente en las ciudades autónomas recibe del Estado 4.336 euros más de los que aporta (2.055 en ingresos fiscales y 2.281 en gasto público). Hace un año, con los datos de 2011, las dos localidades norteafricanas ya lideraban esta estadística, cuando en cifras absolutas su saldo total era inferior: ahora se eleva a 721 millones (342 en ingresos fiscales y 379 en gasto público) y doce meses atrás se quedaba en 702 millones. También tienen saldo fiscal positivo Andalucía (8.531), Aragón (509), Asturias (1.828), Canarias (3.479), Cantabria (270), Castilla León (2.933), Castilla La Mancha (2.291), Extremadura (2.655), Galicia (3.946), Murcia (98), Navarra (371), País Vasco (1.562) y La Rioja (42). Las ciudades tienen singularidades que son analizadas en el informe de los autores. Así, en el apartado de financiación regional a competencias homogéneas se recuerda que el suyo es un caso atípico porque aunque no han asumido las competencias de Sanidad, Educación y Servicios Sociales (que absorben el grueso del gasto autonómico) y, por lo tanto, su recepción de fondos del sistema de financiación regional (Fondo de Suficiencia) es “muy inferior” a la de las Comunidades, cuando se añade el gasto directo del Estado por estos conceptos y la recaudación del IPSI el saldo positivo por habitante pasa a ser de los más elevados, “al menos en parte por las elevadas necesidades de gasto derivadas de la ausencia de economías de escala en la prestación de tales servicios en dos territorios aislados y de población muy reducida”. Las Cuentas Territorializadas ofrecen un desglose detallado de los flujos de ingreso y gasto públicos y permiten calcular la contribución de cada programa o grupo de programas presupuestarios a los saldos fiscales regionales, lo que hace posible valorar el reparto de las distintas partidas presupuestarias de acuerdo con la lógica que motiva a cada una de ellas. En último término, el Sistema permite descomponer los saldos fiscales de las regiones españolas en dos partes: una que es el resultado de aplicar reglas de tributación y de reparto uniformes a poblaciones con distintas características demográficas y económicas; y otra que aspira a reflejar diferencias de trato entre individuos similares, que atentarían tanto contra nociones básicas de equidad horizontal como contra el principio constitucional de igualdad.

¿Qué explican las Cuentas Territorializadas?

El Sistema de Cuentas Públicas Territorializadas (SCPT) pretende ofrecer a la opinión pública española los datos necesarios para abordar el debate sobre la equidad del reparto territorial del gasto público y de las cargas tributarias que lo financian. La herramienta estadística ofrece una radiografía detallada de las cuentas públicas de nuestro país que permite evaluar la racionalidad y la equidad del reparto territorial de los distintos componentes de los gastos e ingresos públicos.

Casi 30.000 millones para con carácter redistributivo, según el Estado

A. Q. CEUTA En total, según el Ministerio de Hacienda, la suma de saldos "redistributivos" fueron de 29.238 millones de euros en 2012, equivalente al 2,8% del PIB español. Para las regiones receptoras netas (con saldos fiscales positivos), los flujos de entrada representaron un 5,5% de su PIB, mientras que para las regiones contribuyentes netas, los flujos de salida supusieron un 5,6% del PIB. El informe señala que “el saldo fiscal tiende a empeorar según aumenta la renta per cápita, de forma que los territorios más ricos generalmente presentan déficits fiscales mientras que los de menor renta suelen disfrutar de superávits”. Casi un 70% de los saldos fiscales regionales se debe a que los territorios con más renta pagan más impuestos que en otras regiones más pobres. El otro 30%, que es el “potencialmente más problemático”, se corresponde con decisiones relacionadas con políticas de gasto, en algunas de las cuales podría haber una mayor discrecionalidad. Aquí tienen un papel importante la financiación regional, con un peso del 14%, las ayudas regionales (7,9%) y las subvenciones a ciertos sectores productivos (9,6%), especialmente la agricultura. Sin embargo, el gasto en infraestructuras y transporte tiene un papel generalmente muy menor en los saldos fiscales regionales, con un peso medio del 1,8%, y también lo hace en promedio el gasto en protección social, con un 0,4%.