Caballas sentencia que defenderá siempre los servicios y el empleo público

Caballas defendió ayer en la sesión plenaria que este grupo político estará siempre a favor del mantenimiento de los servicios públicos y del empleo en las administraciones públicas.

Así se expresó Juan Luis Aróstegui para apoyar la decisión de suspender los acuerdos de conversión de las sociedades municipales en organismos autónomos. Con anterioridad realizó un par de reflexiones generalizadas al indicar que no son un partido de oposición, sino con vocación de gobierno y, por tanto, “ello nos lleva a tomar decisiones como si tuviéramos la responsabilidad de gobernar”. Y la segunda de las reflexiones tenía que ver con la concertación social lograda con los sindicatos, “que para nosotros es de una gran importancia”.
Vino a decir que el problema con la conversión de las sociedades en organismos autónomos se inició cuando se recibió el primer borrador de la nueva ley de sostenibilidad de las entidades locales, “donde por parte del Gobierno nacional del Partido Popular lo que se quería es el desmantelamiento de todos los servicios públicos. El PP lo que quería era reducir el sector público y despedir a los empleados públicos. Ello nos hubiera llevado a cerrar las sociedades y a despedir a setecientas personas, porque nadie tenía en cuenta en ese borrador la casuística de Ceuta donde el cuarenta por ciento de los servicios están en manos de las sociedades”. A continuación sentenció que “nosotros en Ceuta no queremos un parado más, defendemos un sector público fuerte y que nadie nos pida que ayudemos a crear más desasosiego en las familias ceutíes”.
En relación con la fórmula elegida de conversión en organismos autónomos dijo que ya existía un precedente en el Ayuntamiento de Ceuta, con el caso del Instituto de Idiomas que era una empresa y pasó a ser un organismo autónomo “y entonces nadie dijo nada sobre este particular”. Denunció que ahora hay quien se rasga las vestiduras y entonces no lo hicieron. Desde su punto de vista con la fórmula elegida se conseguían dos objetivos: en primer lugar, mantener el empleo de los trabajadores de las sociedades y en segundo lugar cambiar la gestión de las mismas y el regreso de competencias que tenían a las administraciones públicas. Igualmente, recordó que cuando ellos dieron su apoyo a este camino emprendido pusieron nada más que una condición, la cual era que debían mantenerse los derechos de cada uno de los trabajadores, de manera que no fuera un sistema que sirviera para entrar en la administración pública por la puerta trasera.

Relación
En esa relación cronológica que estuvo haciendo sobre todo el periodo de negociación para la reestructuración del sector público empresarial analizó que tras la presentación de los recursos y la necesidad de regresar a la anterior situación se observaba que era posible, puesto que la ley de sostenibilidad del sector público que se aprueba en las Cortes no tiene en dos aspectos nada que ver con el borrador que hizo iniciar el proceso de conversión en organismos autónomos. En primer lugar, porque las transferencias desde las instituciones públicas a las sociedades se entiende en la nueva legislación como ingresos en las mismas y que para las sociedades de segunda generación, como sucede con Obimace que pertenece a Obimasa y Parque Marítimo a Procesa existe un período transitorio donde se puede corregir esta situación.
Por tanto, explicó el portavoz de Caballas que las empresas municipales no corren peligro de disolución y por último reflejó que “haber seguido adelante con el acuerdo plenario hubiera llevado a mantener durante varios años la zozobra entre los trabajadores y en el aire la prestación de los servicios públicos”.

Aróstegui cree que el recurso no tenía razón en cuanto a la integración del personal en los organismos

También tuvo palabras para los recursos que se habían presentado contra los acuerdos plenarios y en primer lugar dijo que la funcionaria que había llevado a cabo el primero de los registrados era una persona con un currículum excelente, con una formación jurídica importante y que no había tenido segundas intenciones con la decisión adoptada, por lo que desde su punto de vista la razón que la habían llevado a hacerlo era únicamente que sentía lesionados sus derechos. Entrando de lleno en el contenido, dijo que desde su punto de vista no tenían ninguna razón en cuanto a la argumentación de la integración del personal, porque no cambiaban para nada las condiciones de los trabajadores de las sociedades al integrarse en los organismos autónomos y lo único que se cambiaba era el modelo de gestión. Otro segundo aspecto de los recursos, analizado por Aróstegui, era el referente a las formalidades que, tal y como defendió, existía en el documento aprobado en pleno algunos defectos de forma, pero que los mismos eran subsanables. Y el tercer aspecto era la diferencia sobre si el acuerdo se debía haber mantenido durante un mes en exposición pública o no. Para el portavoz de Caballas, la literalidad de la ley no obliga a ello, pero que, sin embargo, existían criterios jurisprudenciales que si dan la razón a quienes defienden la citada obligación.