La coalición Caballas elevará el próximo lunes a la Sesión Plenaria ordinaria del mes de octubre una propuesta para que la Asamblea se comprometa a instar al Ministerio de Fomento a desafectar buena parte del suelo actualmente sometido a régimen portuario pero que “en realidad” ya no sirve a sus fines específicos, sino que se ha transformado en “una parte más de la ciudad” para que sea la Administración local la que la ordene y gestione. Se trata, según detallaron ayer Mohamed Ali y Juan Luis Aróstegui en rueda de prensa, del Poblado Marinero, los bajos de La Marina, la explanada anexa al Muelle de Poniente y la avenida Cañonero Dato.
La iniciativa, que reactiva una antigua demanda de la Ciudad que nunca ha llegado a materializarse en hechos, persigue acabar con un “anacronismo” que a juicio de los localistas perjudica tanto al interés general como que los militares no cedan al Ayuntamiento los terrenos que ya no utilizan, algo que el Pleno ya ha aprobado pedirle a Defensa a instancias de la coalición.
En diferentes ocasiones, la reivindicación ha encallado por la negativa de los agentes involucrados a tocar una de las fuentes de ingresos de la Autoridad Portuaria (no la principal, ya que el canon de sus concesiones en esas áreas suponen un millón de euros all año) y asuntos sensibles como los chalés del puerto.
Según Aróstegui, en todas esas parcelas se desarrollan actualmente actividades que están en una situación “ilegal” gracias a que las autoridades hacen “la vista gorda” mientras algunos concesionarios “se lucran con el traspaso de concesiones al margen de lo público”.
Caballas estima que es inaceptable que, como en el caso de ‘El Corte Inglés’, el antiguo adjudicatario de su actual emplazamiento gane “400 millones de pesetas” mientras la Ciudad no sólo no ve un euro, sino que además no tiene la oportunidad de “ordenar”, “gestionar” u “obtener recursos para invertir” en esa parte del centro, máxime ahora que está en plena fase de revisión el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1992 y hay un documento consensuado sobre la Mesa de la Economía que apuesta por la avenida del puerto, entre otros emplazamientos, para facilitar el desembarco en Ceuta de cadenas y franquicias comerciales como Decathlon, Mercadona o Carrefour.
“El puerto es una zona de gran valor estratégico en orden a la planificación del desarrollo urbano, social y económico y su progresiva vinculación al tejido urbano ha terminado por convertir una parte muy considerable de su recinto en una parte más de la ciudad pero este hecho no ha venido acompañado de la lógica modificación del régimen legal aplicable”, argumentaron Ali y Aróstegui, que no descartan “judicializar” por presunta prevaricación la perpetuación del régimen actual.
Vivas ya lo pidió hace cuatro años
El presidente Vivas pidió por última vez en 2008 a Puertos del Estado la desafectación como terreno portuario tanto de la franja que va desde el Poblado Marinero hasta Alfau como de la avenida Cañonero Dato para adecuar a su realidad la primera zona y para dedicar la segunda “a uso comercial y residencial, mediante la construcción de viviendas”. Literalmente, Vivas defendió que, en caso de prosperar, su petición tendría “efectos dinamizadores en la economía con la llegada de inversiones y la creación de empleo”.
Los datos
La Constitución
Según Manuel Santos, Doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, hasta 1978 en los puertos concurrían las competencias del Estado y las de los Ayuntamientos. Con la Carta Magna, a estas se añadieron, especialmente en materia urbanística y de planificación, las de las Comunidades Autónomas.
Convenios
A partir de 1981 se inició la firma de Convenios en los que el puerto “cedía el uso a la ciudad, pero no el dominio”, según Santos, para “resolver con prudencia las situaciones absurdas de concurrencia en el espacio, de imperiosas necesidades ciudadanas y nulo uso comercial portuario”.
Ley de 2011
Los bienes de Puertos del Estado “que no sean precisos para el cumplimiento de sus fines” pueden desafectarse por Fomento “previa declaración de innecesariedad por el Consejo Rector” para “su enajenación, permuta o, en su caso, cesión gratuita”.
Límite económico
Cuando lo desafecta valga, según tasación independiente, más de 18 millones de euros, la enajenación y sus condiciones deberán ser autorizadas por el Gobierno.