La coalición plantea una Ordenanza contra los comportamietos de “odio al diferente”
Caballas aspira a que Ceuta esté “a la vanguardia” nacional en la promoción del respeto a la dignidad de todas las personas y quiere que la Ciudad se comprometa a movilizarse como institución con todos sus recursos junto al resto de la sociedad para que, pasando “del discurso a los hechos”, la convivencia armónica sea de verdad un rasgo de la vida "cotidiana" local.
Mohamed Ali y Juan Luis Aróstegui presentaron ayer en rueda de prensa el borrador de Ordenanza que han remitido al Gobierno para que inicie su tramitación con el objeto de “establecer la pautas conductuales que favorezcan el normal desarrollo de la convivencia en el espacio público haciendo compatible la libertad individual con el respeto a la dignidad de todos y cada uno de los ciudadanos” y para “prevenir” o “sancionar” las actuaciones perturbadoras, al margen de su repercusión penal, de índole “racista, xenófobo, homófobo, sexista o de acoso escolar, un fenómeno que va mucho más allá de las aulas”.
A juicio de los localistas, Ceuta no es el “paraíso de convivencia” que parece o dice ver en ella el PP y hechos como la agresión del pasado sábado tras la concentración contra la 'Europa fortaleza' no deben pasar impunes ni “desapercibidos”. “En la 'era Trump' de odio al diferente esta ciudad no está exenta de esa corriente, al contrario, y se presta especialmente a ello, por lo que apostamos porque no se pueda insultar a un negro o a un musulmán por el hecho de serlo o acosar a un chaval porque lleve gafas o sea gordito”, ejemplificó Aróstegui.
El texto, abierto a modificaciones para llegar al consenso, propone sancionar con hasta 3.000 euros (en los casos muy graves) o trabajos sustitutorios para la comunidad ese tipo de comportamientos públicos. Quedaría expresamente prohibida “toda conducta de desprecio a la dignidad de las personas, así como cualquier comportamiento discriminatorio, sea de contenido xenófobo, homófono, racista o sexista, o de cualquier otra condición o circunstancia personal o social, de hecho, por escrito o de palabra, mediante insultos, burlas, molestias intencionadas, coacción psíquica o física, agresiones o conductos análogas”.
También “las actitudes de acoso entre menores en el espacio público” y estarían “especialmente perseguidas” las conductas “de acoso o asedio a menores realizadas por grupos de menores organizados que actúen en el espacio urbano”.
A partir de su aprobación, “todas las personas que residan o se encuentren en Ceuta” tendrían “la obligación de colaborar con tas autoridades municipales o sus agentes” en la persecución y la erradicación “de las conductas que alteren, perturben o lesionen la convivencia o el civismo”.
La Policía Local de acuerdo con lo que dispone la legislación aplicable, deberá “denunciar, cuando proceda”, ese tipo de conductas. Además, “cualquier persona” podría hacer lo propio, cabiendo confidencialidad sobre su nombre siempre que lo solicite o “previa ponderación del riesgo por la naturaleza de la infracción” comunicada.
Sanciones económicas al margen, con el fin de reparar en la medida de lo posible los daños causados el infractor podrá solicitar la sustitución de la multa que pudiera imponerse “por la realización de trabajos o labores para la comunidad, de naturaleza y alcance adecuados y proporcionados”. En el caso de menores se informará de oficio sobre esta posibilidad a los padres o tutores.
Ali critica al PP por usar la Autonomía “a su antojo” y conveniencia Caballas no judicializará el nombramiento como consejeros de Chandiramani y Celaya, dos personas no electas y que, por lo tanto, no podrían formar parte del Consejo de Gobierno de una entidad local, como los Tribunales consideran a veces a Ceuta. La coalición, explicó ayer su portavoz, Mohamed Ali, opina que “deberíamos ser Comunidad Autónoma y, por lo tanto, poder elegir a personas capaces en pro del interés general para dirigir determinadas áreas aunque no hayan sido elegidas en las urnas”.
El localista sí censuró que el PP “actúa como si Ceuta fuese un Ayuntamiento o una Comunidad Autónoma en función de su conveniencia concreta” pero no interpondrá acciones judiciales en este caso, como tampoco lo hizo con Carreira en la legislatura anterior, algo que Ciudadanos ve probable y también estudian tanto el MDyC como el PSOE.
“La Ciudad está en una permanente incertidumbre jurídica pese al Estatuto de 1995 y ni el PP ni el PSOE han querido resolverla definitivamente auspiciando que accedamos al estatus jurídico de Comunidad Autónoma, que es lo que Caballas defiende, por lo que en el plano teórico sería incongruente denunciar algo que sí queremos que pueda hacer esta institución”, puntualizó.
Otra cosa es que a la coalición le parezca bien la política de nombramientos de Vivas cuando solo sirve “al antojo de turno para resolver problemas internos de partido o hacer amigos, que es lo que muchas veces parece”. Por ejemplo, Aróstegui repitió que Caballas no comparte que Juan Manuel Doncel vaya a cobrar 70.000 euros al año como gerente de Emvicesa.