Caballas irá más allá de promover la reprobación de las políticas de Vivas frente al paro por “negligentes”, “ineficaces” e “irresponsables”. La coalición también llevará al Pleno un Plan de Trabajo de Lucha contra el Paro para los dos próximos años que lleve aparejada la creación de una Comisión Ciudadana contra el Paro integrada por partidos políticos, y agentes económicos y sociales cuya finalidad sea “el impulso de todas y cada una de las medidas contenidas en el documento”, más de veinte de naturaleza “transversal” y “sectorial”.
Entre las segundas se cuenta la elaboración y puesta en marcha de un Plan de Desarrollo de la Industria Digital cuyo objetivo inicial “debería ser la puesta en marcha de 25 proyectos empresariales en este sector”.
Para ello se plantea “captar empresarios, negociando con las empresas ceutíes y proponiéndoles el cambio de orientación de sus proyectos; y ofreciendo las oportunidades estudiadas a empresarios de otros lugares, a través de las Cámaras de Comercio”.
También la cesión de suelo gratuito para la instalación de estas empresas; la agilización y simplificación de los trámites, en especial de la concesión de licencias municipales, para su instalación; y el establecimiento de líneas de financiación específicas con aval de la Ciudad.
Seis son las propuestas “transversales” que la formación localista considera prioritario poner en marcha. Incluiría una intervención “directa” en el transporte marítimo “para lograr una reducción significativa de las tarifas de pasajeros y del transporte de mercancías”.
También “intensificar los esfuerzos de la Inspección de Trabajo dirigidos a reprimir el empleo irregular con un convenio entre la Ciudad y la Delegación que establezca una línea de colaboración activa y amplíe medios y recursos destinados a esta finalidad”.
Promover un acuerdo entre empresarios y sindicatos “para incluir en los Convenios Colectivos sectoriales la exigencia para todos los trabajadores que se contraten estén inscritos en el SEPE de Ceuta” y “establecer un sistema de compensación de la deuda tributaria del IPSI vinculado a la creación neta de empleo” son otras dos de sus propuestas concretas.
A ellas se suma la institución de la figura del ‘Proyecto de Interés Estratégico’ para catalogar “los proyectos empresariales que reunieran alguna de estas condiciones: la adscripción a nuevos sectores con posibilidades de desarrollo; su carácter innovador; el positivo impacto en el empleo; o la sustancial mejora del mercado de bienes y servicios”.
El citado reconocimiento conllevaría “respaldo institucional; otorgamiento de ayudas a la inversión y el empleo; habilitación de suelo; y aplicación del tipo reducido del 0,5% en el IPSI que se devengue por la ejecución de obras directamente relacionadas con la puesta en marcha de la iniciativa”.
Finalmente, Caballas aboga por “exigir radicación efectiva en Ceuta a todas las empresas que prestan servicios para la administración pública”.
El Plan de Caballas apunta, además, a la apertura en Algeciras de una Oficina Especializada en Despacho de Mercancías para Ceuta especializada “en la tramitación de la documentación correspondiente, tanto a las importaciones como a las devoluciones, agilizando el tránsito de las mercancías y la salida de los stocks excedentes con mayor facilidad”.
Mirando hacia la frontera, la coalición incide en la conveniencia de “dignificar” los polígonos, de ampliar el horario de funcionamiento del ‘Tarajal II’ y de abrir para el paso de mercancías el paso de Benzú con el fin de descongestionar el Tarajal y facilitar la llegada de turistas.
El portavoz de Caballas, Mohamed Ali, achacó ayer a la “mala gestión” del Ejecutivo local la “muy extraña situación” que a su juicio se ha generado con la partida presupuestaria de desalación de agua, ya que “mientras los pantanos están a un 80% de su capacidad, prácticamente llenos, el Gobierno pretende pagar 1,9 millones más a Cadagua de aquí a final de año”. “En los Presupuestos figuraba una partida de casi 6 millones de euros y lo que tiene que aclarar el Gobierno es por qué pagamos tanto dinero a la gestora de la desaladora cuando los pantanos están llenos, ya que no es ni lógico ni posiblemente legal”, apuntó.
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