Caballas preguntará en Pleno al Gobierno por la paralización de las recalificaciones de parcelas

Caballas ha anunciado que interpelará al Gobierno en el Pleno de esta semana para conocer por qué no se han llevado a cabo las recalificaciones prometidas de varias parcelas para conseguir así una mejora económica por cuanto se preveía la llegada de grandes empresas para su instalación en la ciudad. En su exposición de motivos, la coalición recuerda que enmarcada en el Plan Estratégico para la reactivación económica, se acordó una iniciativa que pasaba por la recalificación urbanística de varias parcelas, “con la intención de promover la implantación de grupos empresariales líderes en el sector comercial, que deberían servir como locomotora de un nuevo modelo económico pensado en la captación de la creciente demanda de Marruecos”, recuerda la coalición.
Ese propósito fue marcado como una prioridad del Ejecutivo, pero todavía se desconoce cuándo se llevará a cabo ni el motivo de su paralización. Esta propuesta “se ha diluido en el tiempo sin razón ni explicación alguna”, apunta Caballas que ya ha anunciado que forzará una respuesta del Ejecutivo local a este asunto.

¿18.000 euros por un trabajo de meras fotocopias?

El concejal Juan Luis Aróstegui será el encargado de interpelar al Gobierno por el informe encargado al ‘Grupo Oclem’ por el que se pagó 18.000 euros cuando solo era un compendio de varias fotocopias. Ya la coalición anunciaba a El Faro su intención de acudir a la Fiscalía, al entender que es “un dislate” abonar ese dinero cuando el trabajo se llevó a cabo aportando fotocopias. Caballas denuncia que el informe no contiene más que “algunas obviedades que, en ningún caso, podrían justificar tan elevado importe”, de ahí que se vaya a solicitar una explicación de “las razones para iniciar un expediente de reconocimiento de deuda en contra incluso del criterio de interventor”. Aróstegui preguntará si existe una “intención del Gobierno de esclarecer estos hechos y depurar responsabilidades por la tramitación de un expediente de contratación con evidente apariencia de fraude”. Lo curioso del caso no es que los localistas utilicen palabras gruesas para calificar una decisión del Gobierno que preside Juan Vivas, sino que sus adjetivos calificativos coincidan casi literalmente con los utilizados por la Intervención de la Ciudad para negarse al abono.