Caballas pide una comisión para terminar con la “tiranía” en el transporte marítimo

La problemática del transporte marítimo en todas sus facetas se ha convertido en denuncia recurrente desde todos los ámbitos: políticos, sindicales, sociales... incluso de las propias administraciones públicas. Todos coinciden en que sí cabe mejora cuando se trata de abordar el único enlace que en la actualidad funciona entre Ceuta y la península.

Es ahora el Grupo Caballas el que ha vuelto a girar el debate en torno a un problema común a todos. Su portavoz, Mohamed Alí, ha solicitado formalmente a la Mesa  de la Asamblea la inclusión en el pleno ordinario de la próxima semana de un punto con el que pretende lograr el acuerdo de los distintos grupos políticos; punto que pasa por crear una comisión en la que se aborden todos los asuntos que tengan que ver con este transporte y que estén orientados a su mejora.
“La travesía del Estrecho sigue siendo un permanente quebradero de cabeza para Ceuta. A pesar de las infinitas muestras de justificada indignación ciudadana, lo cierto es que las instituciones, hasta el momento, han sido incapaces de dar una respuesta convincente y efectiva a un problema al que nadie se puede sustraer. El tiránico modo de gestionar este transporte público esencial por parte de las empresas navieras, en un marco económico y legal inadecuado para los intereses generales, mantiene soliviantada a la población que no puede entender cómo es posible que nadie haga nada para acabar con este mal trato y esta disparatada política de precios”, denuncian los localistas.
La idea que persigue Caballas no es otra que constituir un foro político de debate en el que se analicen todas las aristas del problema con vistas a que se puedan proponer acuerdos que, después, se traduzcan en proposiciones con la fuerza suficiente para lograr cambios de las compañías navieras.
“La Asamblea, en tanto que máximo órgano de representación política de Ceuta, no puede mantenerse al margen de este problema. Independientemente de cuáles sean sus competencias y de las limitaciones legales que pudieran existir, la Asamblea tiene la obligación de actuar. No podemos ni inhibirnos ni rendirnos ante una cuestión que afecta de lleno a la vida de todos los ceutíes y al propio funcionamiento de la ciudad”, expone en su argumentario Mohamed Alí.
“Consideramos que los problemas de esta envergadura requieren un esfuerzo adicional de consenso y cooperación. Todos los partidos políticos, instituciones y agentes económicos y sociales deben buscar un consenso que permita albergar alguna posibilidad de éxito en las diferentes medidas a emprender”, añade el líder de la formación.
La idea de Caballas es que se constituya una comisión para la mejora de las condiciones del transporte marítimo entre Ceuta y Algeciras. Una comisión que en su primera sesión apruebe las normas de funcionamiento y que esté formada por un representante de cada grupo político, un representante de los agentes económicos y sociales más representativos y el asesoramiento técnico pertinente.
La Comisión tendría que elevar sus conclusiones al Pleno de la Asamblea antes del día 31 de diciembre de este año.
La idea de Caballas cae en un saco, el del transporte marítimo, que ha sido objeto de debate no solo en Ceuta sino también en Melilla. Sin ira más lejos, en 2014 el PSOE melillense encabezado por el exdelegado del Gobierno, Gregorio Escobar, propuso la creación de una comisión para estudiar el precio del billete de barco.
Aquí en Ceuta, la extinta Mesa por la Economía y órganos que fueron de peso como el CES abordaron también este asunto. A principios de este mes, el presidente de la Ciudad, Juan Vivas, aseguraba que su equipo estaba dispuesto a acudir a las instituciones comunitarias para intentar encontrar una solución al fenómeno de los precios del transporte marítimo entre Ceuta y Algeciras, línea en la que siempre parece ser temporada alta pese a que sus oscilaciones de demanda son descomunales.
A pesar de las amplísimas variaciones de la demanda, los precios apenas si oscilan. La idea de la Administración local, según expuso Vivas, es “acudir a las instancias comunitarias” para que “reflexionen” sobre cómo cuadrar el círculo de un sector, el del transporte marítimo en el Estrecho, “que deja periodos con una bajísima afluencia de pasajeros por rotación sin conseguir que las navieras compitan en precios”.
Según las autoridades, fuera de la OPE el nivel de ocupación de los barcos, que no rebajan ni mucho menos su número de rotaciones en la misma proporción que lo hace el de pasajeros, ronda el 20%. A pesar de ello, los precios apenas se reducen o no lo hacen en nada.

Un tráfico que también esconde fraudes

Sobre la mesa, Caballas propone analizar todos aquellos asuntos que de una u otra manera afectan al tráfico marítimo. Se debate la política de precios así como el logro de mejoras. Nada dicen en cambio sobre otro asunto en torno al cual sí que se ha posicionado el Ministerio de Fomento: la existencia de un fraude en esta línea que debe ser controlada. Esto supera las competencias de un foro como es el del pleno, pero sí que integran parte de las preocupaciones que tiene la administración central. Lo denunciaba este medio hace unas semanas, hay fraude en la línea y ese fraude incide directamente en algo de lo que todos los residentes se benefician: las bonificaciones. El propio delegado del Gobierno, Nicolás Fernández Cucurull, exponía dos de las situaciones que han llamado la atención de los responsables de Marina Mercante. Por un lado el aumento en un 36% de los viajes de familias numerosas con billete bonificado entre las dos orillas del Estrecho en el último año, así como el hecho de que hay residentes en Ceuta que “abusan” de las bonificaciones al transporte marítimo, que suponen una rebaja del 50% sobre el precio del billete de barco, al viajar “más de 200 veces” entre Ceuta y Algeciras. Estas situaciones repercuten luego en el castigo que se da de forma genérica al anunciarse limitaciones.

Una flauta que no suena por casualidad

Si en algo coinciden y han coincidido todas las fuerzas políticas es en la confirmación de que todo lo relacionado con el transporte marítimo y su incidencia en la población no funciona. No solo se trata de los precios, con incrementos abusivos o pactos que han terminado con denuncias ante el Tribunal de la Competencia. También hay malestar por las suspensiones sin previo aviso, por los incumplimientos de horarios y por una hilera de decisiones que terminan afectando directamente al ciudadano residente que, obligado, debe seguir la autopista del Estrecho para llegar al otro lado.
Caballas quiere poner fecha a estos debates creando una comisión que, a final de año, informe de todo lo analizado y presente las propuestas necesarias para intervenir en la resolución del problema.
El PP, por su parte, ya abordó este asunto hace dos semanas, en el transcurso del Consejo de Gobierno celebrado. Tras la misma se anunció algo más abstracto que lo que ahora propone Caballas. El Gobierno no habló de comisión como tal pero sí de abrir un periodo de reflexión para considerar las medidas oportunas orientadas a “incentivar” la competencia entre las compañías navieras para que, realmente, pueda existir una oferta variada de precios y, por tanto, mucho más económica.
El portavoz del Ejecutivo, Jacob Hachuel, avanzaba la realización de un estudio sobre la situación marítima actual, contemplando tanto el tráfico existente, la carga que llevan los barcos como el coste del combustible. Un estudio de mercado que la institución municipal necesita para poner a disposición de cualquier compañía que contactara con ellos para conocer realmente a lo que se enfrente. La Ciudad no descartó incluso implicarse de alguna manera en una naviera con capital público-privado si eso supusiera una rebaja importante de los precios. Eso sí, lo que descartaron absolutamente es apoyar la puesta en marcha de una naviera municipal, tal y como proponía el PSPC y ha seguido manteniendo Caballas como una posibilidad de controlar el mercado en la zona.