Caballas pide que se garantice “la legalidad” de la obra de La Marina

{jaimage crop="TC" /}aballas sigue en sus trece con el proyecto de La Marina. Sigue en sus trece de controlar hasta el último proceso de la obra, de ahí que haya cursado una carta dirigida al presidente de la Ciudad, Juan Vivas, en la que le solicita que se tenga en cuenta la participación de técnicos expertos para que se “garantice la plena legalidad de todas y cada una de las actuaciones”.
El principal grupo en la oposición pide que se “sustancie el expediente actualmente en fase de elaboración con informes técnicos, urbanísticos y jurídicos emitidos por expertos en esta materias” en aras a evitar cualquier resquicio al margen de la ley.
Justifica esta petición Caballas en el hecho de que se trate de una obra sometida, desde su anuncio, a un “intenso debate público”, lo que llevaría a extremar las actuaciones que se emprendan. Así, por razones de “oportunidad política” la coalición apunta que el elevado coste de la obra solo puede entenderse como “despilfarro” y recuerda que el método elegido para la adjudicación “no reunía los requisitos legales exigidos para garantizar los principios de imparcialidad, transparencia e igualdad de oportunidad para los licitadores, lo que nos llevó a interponer un recurso especial en materia de contratación que fue admitido por el Gobierno anulando el procedimiento en curso, e iniciando una reformulación de la iniciativa”. Según Caballas, este momento parece que es el “oportuno para analizar todas las circunstancias que concurren en los diversos ámbitos desde los que se puede abordar el proyecto, tanto en su concepción como en la aprobación de la obra y su posterior adjudicación”.
Insiste también en que se trata de un proyecto “de urbanización” y como tal debe seguir el procedimiento establecido al efecto, en el que se exige una exposición al público. Algo sobre lo que ya se posicionó el Gobierno negando la mayor y advirtiendo a la coalición de que sus conclusiones eran equivocadas. Caballas insiste y recuerda que “además de ser un precepto legal nos parece un mandato moral desde el punto de vista democrático. La Normas Urbanísticas del PGOU, en su artículo 2.4.3.3 establecen que tienen la consideración de Proyecto de Urbanización General, entre otros, la “apertura o reforma del viario”. Parece obvio que el cambio sustancial de alineaciones, así como la implantación de nuevas rotondas, en un vario considerado sistemas generales, que ocupa una zona muy extensa, supone una reforma del viario, lo que llevaría la calificación de definitiva de Proyecto de Urbanización”, devolviéndole la pelota al Gobierno por si aún “le quedan dudas”.
En el ámbito patrimonial Caballas hace hincapié en un asunto sobre el que, ya hace semanas, se posicionó Septem Nostra: la protección del Plan Especial de la Almina. “La obra proyectada se encuentra en pleno corazón del ámbito comprendido” por ese plan y vulnera “claramente el objetivo fundamental perseguido por el Plan en su conjunto, que no es otro que la recuperación  integral del conjunto amurallado. Aunque se plantea como un objetivo a largo plazo, parece evidente que todo aquello que se aparte de este objetivo supone una vulneración del Plan”, apunta, advirtiendo del daño que puede experimentar el patrimonio histórico. Sobre este punto también se defendió en la anterior comparecencia el Gobierno señalando que el proyecto había pasado por la comisión de patrimonio.

Frente abierto con varias opiniones

El grupo Caballas mantiene una política de presión en torno a la obra de La Marina. La ha mantenido desde el principio del anuncio de obra por parte de la Ciudad, llevando a debate público en sesión plenaria este asunto. Frente a Caballas hay otros grupos que se han mostrado partidarios de la obra: la CECE, que aglutina los intereses de los empresarios; la FPAV, que representa a las distintas asociaciones vecinales; o el colectivo de taxistas, que considera que una vez terminen los trabajos la circulación mejorará y esto repercutirá de forma positiva en su labor. La Ciudad, por su parte, ha zanjado la polémica advirtiendo de que seguirá con el planteamiento.