El grupo Caballas ha enviado una carta a la delegada del Gobierno en Ceuta, Salvadora Mateos, en relación con la aprobación provisional del Estudio de Delimitación de Tramo Urbano. Es un asunto que ya han denunciado en varias ocasiones en sesiones plenaria. Desde el punto de vista del partido de la oposición, de aprobarse ese documento “dos barriadas completas, la Almadraba y Benzú, se verían muy seriamente afectadas en caso de aprobarse este documento en sus términos actuales. Una gran cantidad de viviendas y de establecimientos comerciales, quedarían “fuera de ordenación”, o lo que es lo mismo, parcelas que ya no se podría construir y edificaciones a extinguir quedando terminante prohibido ejecutar cualquier tipo de obra”.
En los antecedentes explicados indican que “La ley de Carreteras exige “con carácter general” que la línea de edificación se sitúe al menos a veinticinco metros del borde de las consideradas carretas nacionales (en nuestro caso, 352, 354 y 362). La aplicación de este criterio en nuestra Ciudad supondría un autentico destrozo dadas las características de Ceuta. Basta con recorrer estos tramos de carretera y contemplar todas las edificaciones que quedarían “fuera de ordenación”. Es por ese motivo que la propia ley (en su artículo 33) establece la posibilidad de exceptuar por razones geográficas o socioeconómicas determinados tramos en los que se puede respetar la línea de fachada actual (acorde con el planeamiento vigente)”.
En la carta dirigida por el portavoz de Caballas a Salvadora Mateos le indica que el Ministerio de Fomento, todavía gobernado por el PP, tuvo en cuenta la realidad de Ceuta y aplicó en muchos de los tramos la excepcionalidad, “sin embargo, de una manera sorprendente e injusta no lo ha hecho en los que existe una r realidad consolidada y acorte con el planeamiento vigente”. Para Caballas, el criterio utilizado por la administración del PP “ha sido tomar en consideración tan sólo las edificaciones fruto de los instrumentos de planeamiento ejecutados. Este no es un criterio legal, sino meramente político. Y a nuestro juicio, evidentemente injusto, pues hace recaer sobre los ciudadanos la responsabilidad de la no ejecución del planeamiento, que es estrictamente política y de la institución competente, en este caso la Ciudad”.
Entienden que el mantenimiento realizado por el Gobierno del Partido Popular sólo es consecuencia de “un profundo conocimiento de la realidad de Ceuta o una absoluta falta de sensibilidad hacia la ciudadanía, pueden sostener este posicionamiento. Consideramos que dos barriadas muy queridas no merecen este fuerte castigo, máxime cuando la propia ley establece la posibilidad de hacer un planteamiento racional que respete la idiosincrasia de nuestra ciudad y los legítimos intereses de los ceutíes”.
El dirigirse a la delegada es porque el Ministerio de Fomento es el competente y “queremos que se establezcan las correcciones precisas para ajustar el Estudio a la realidad de Ceuta, de conformidad con las previsiones establecidas en el PGOU vigente”.
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