Caballas ha reclamado una pronta solución para el colectivo sirio que lleva más de mes y medio acampado en la plaza de los Reyes. La petición va dirigida al delegado del Gobierno, Francisco Antonio González Pérez, al que advierten de que la situación de estos hombres, mujeres y niños es “insostenible”
y todo debido a la “obstinación” de la Administración central, “secundada servilmente por el Gobierno de la Ciudad”, sentencia la coalición en un comunicado.
Para los localistas, es urgente buscar una solución que debe pasar por la agilización de los trámites para que estas personas puedan pasar a la península. El no hacerlo, indica Caballas, “supone un ejercicio de crueldad insoportable que esta ciudad no se merece”, detalla.
Con motivo de la celebración, ayer, del ‘Día Internacional del Refugiado’, la coalición considera cuando menos “paradójico” que se exalten “los valores de la solidaridad internacional ante casos se extrema vulnerabilidad” mientras que en Ceuta, “la solidaridad consiste en el desprecio, el abandono y el mal trato”.
Con esta crítica, la coalición quiere significar que no todos los ceutíes son críticos con el asentamiento sirio, ya que, defiende, son muchos los que piensan que su presencia allí es fruto de una injusticia permitida y mantenida.
“No todos los ceutíes piensan y actúan como las personas insensibles que nos gobiernan. Muchos ceutíes nos identificamos con la causa justa de estas personas y defendemos su legítimo derecho a buscar una vida digna. Queremos agradecer y felicitar a todas las entidades, colectivos y personas que de uno u otro modo están ayudando a los familias sirias que están sufriendo esta situación”.
Caballas exige al Gobierno de la Ciudad que desista de la mala intención de convertirse en el “matón de discoteca del delegado del Gobierno”, y acceda a su sucio juego de desalojar a las familias sirias por la fuerza, en otro acto más de dudosa legalidad, y desde luego, de clara vulneración de derechos.
Advierte además de que está estudiando la viabilidad de entablar acciones judiciales contra la Delegación del Gobierno por una posible prevaricación al impedir el tránsito de aquellas personas que han obtenido su tarjeta de residente, según se deduce de sentencias ya dictadas al respecto por diferentes tribunales de justicia.
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