Caballas pedirá restringir la contratación solo a adheridas al Arbitraje de Consumo

• La coalición apuesta por incentivar que las empresas que estén sometidas al procedimiento extrajudicial

Caballas quiere darle recorrido al debate que esta semana mantuvieron la consejera competente en materia de Consumo, Adela Nieto, y su portavoz accidental, Juan Luis Aróstegui, sobre la verdadera utilidad de ese servicio en la ciudad autónoma, cuyas dependencias ha visitado el localista para conocer su funcionamiento más a fondo.

Según ha explicado en declaraciones a este periódico, el volumen de empresas locales adheridas al sistema de arbitraje de Consumo (que permite resolver controversias “sin gastos, con rapidez y sin necesidad de acudir a los Tribunales”) es “muy pequeño” y “algunas compañías con miles de clientes y públicas como Acemsa, que en su momento estaban sometidas voluntariamente a ese procedimiento, lo han abandonado”. “Otras como la Empresa de Alumbrado nunca lo han estado y al final la relación se limita a bancos, telefónicas y empresas de seguros de implantación nacional”, lamentó Aróstegui.

La coalición que lidera Mohamed Ali estima que sería “positivo, sobre todo para los consumidores”, que la Ciudad Autónoma “incentivase” la adhesión, para lo que Caballas propondrá que se limite la licitación y la contratación pública a las compañías que den ese paso.

El Sistema Arbitral de Consumo es el instrumento que las Administraciones Públicas ponen a disposición de los ciudadanos “para resolver de modo eficaz los conflictos y reclamaciones que surgen en las relaciones de consumo, toda vez que la protección de los  consumidores y usuarios exige que éstos dispongan de mecanismos adecuados para resolver sus reclamaciones”.

La ley lo define como “el sistema extrajudicial de resolución de conflictos entre los consumidores y usuarios y los empresarios o profesionales a través del cual, sin formalidades especiales y con carácter vinculante y ejecutivo para ambas partes, se resuelven las reclamaciones de los consumidores y usuarios, siempre que el conflicto no verse sobre intoxicación, lesión o muerte o existan indicios racionales de delito”.

A través del sistema arbitral, las partes voluntariamente encomiendan a un órgano “que actúa con imparcialidad, independencia y confidencialidad, la decisión sobre la controversia o conflicto surgido entre ellos”. Esta decisión, vinculante para ambas partes, tiene la misma eficacia que una sentencia.

Ventajas

Las ventajas del Sistema Arbitral de Consumo para ambas partes son tres: “Rapidez, eficacia y economía”. La primera “porque es un sistema no formalista que se tramita en un corto espacio de tiempo”, ya que hay un plazo máximo de seis meses desde el inicio del procedimiento arbitral

La segunda, porque “se resuelve mediante un laudo –resolución arbitral- de ejecución obligada, como si se tratara de una sentencia, sin necesidad de tener que recurrir a la vía judicial ordinaria y no existe límite máximo o mínimo para la cuantía reclamada”.

Por añadidura “es gratuito para las partes, que sólo deben costear, en determinados supuestos, la práctica de peritajes”.

A juicio del Ministerio de Sanidad, que es el competente en la materia, “para los consumidores y usuarios, es el cauce más adecuado para que puedan hacer valer sus derechos sin las dificultades que, normalmente, supone para ellos acudir a la vía judicial”.

Para casi todos los conflictos salvo excepciones

Todos los conflictos que afecten a los derechos legal o contractualmente reconocidos a los consumidores y usuarios, con independencia de su cuantía, pueden ser resueltos por la vía del arbitraje salvo excepciones como  las cuestiones sobre las que exista resolución judicial firme y definitiva; en las en las que según la legislación deba intervenir el Ministerio Fiscal; o cuando concurra intoxicación, lesión, muerte o existan indicios racionales de delito”.

Telefonía y transporte marítimo, los sectores más conflictivos

La Consejería de Sanidad, Consumo y Menores tramita cada año alrededor de 600 reclamaciones de usuarios y consumidores quejas que se concentran de nuevo sobre todo en el sector de la telefonía y las telecomunicaciones. En términos porcentuales, la Oficina de Consumo recibió durante la primera mitad del año pasado un 5% menos que en el mismo periodo del año anterior, ya que de enero a junio de 2015 tramitó 299. El sector de la telefonía concentra el 33% del total, una cada dos días de media, alusivas sobre todo a la disconformidad del usuario con la factura, consumo o itinerancia, traslado de línea, la penalización por baja y los incumplimientos de la oferta comercial contenida en el contrato. El transporte marítimo es el segundo ámbito más conflicto en Consumo, sobre todo por cancelaciones y retrasos.