Caballas lleva a la Fiscalía la no escolarización de 20 menores por decisión del MECyD

Mohamed, Salma, Amira o Dina son los nombres de algunos de los 20 niños que están sin escolarizar y que tienen la única atención de Digmun. Sus historias han protagonizado reportajes en este medio, han motivado propuestas plenarias a cargo de Caballas e incluso han provocado acuerdos de los que iba a nacer una escolarización en los

distintos colegios de la ciudad, cumpliéndose así el derecho universal de todo menor a recibir educación.
Pero nada se ha cumplido. Esos niños siguen estando en el limbo. Y así llevan años. Tras distintas advertencias por la vía formal, Caballas ha terminado acudiendo a la instancia tanta veces ‘amenazada’, la judicial. Su concejal, Juan Luis Aróstegui, presentó ayer denuncia en la Fiscalía para que actúe en relación a esta situación conocida en la Ciudad y en el propio Ministerio de Educación, sin que se haya resuelto. “Estos más o menos 20 niños sencuentran sin escolarizar a pesar de que por su edad deberían estarlo. Esta situación se ha producido, según hemos podido averiguar, como consecuencia de una concatenación de decisiones administrativas sustentadas en interpretaciones muy subjetivas de la legalidad vigente, cuyo resultado es una flagrante vulneración del derecho fundamental a la educación que asiste a los menores afectados”, expone en su denuncia trasladada a la Fiscalía la propia coalición.
“La Dirección Provincial del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte”, añaden los localistas, “ha denegado la escolarización a los menores alegando falta de documentación, todo ello porque a su criterio es obligatorio presentar el certificado de empadronamiento. Esta decisión no está amparada por ninguna norma vigente”, critican.
“La Ciudad, al parecer, deniega el empadronamiento de los menores en base a unas instrucciones verbales que no encuentran acomodo en la legalidad, pero que se impone por la fuerza de los hechos. Lo único cierto es que, como consecuencia de la interpretación (que no aplicación) de dos normas de rango menor, al menos veinte niños y niñas residentes en Ceuta se ven privados de su derecho a la escolarización, en el que se materializa un derecho fundamental como es la educación obligatoria hasta los dieciséis años, recogida en nuestro ordenamiento jurídico, y en especial en lo regulado en materia de protección a los derechos del menor”, añaden.
Ante la Fiscalía Caballas ha presentado la documentación relativa a los menores afectados que ahora mismo están siendo atendidos por Digmun, que cuenta desde hace unos meses con el apoyo del centro cultural Al Idrissi. El asunto, abordado en sesiones plenarias anteriores, iba a tener solución según se comprometió el propio Gobierno. No obstante la realidad expone lo contrario, hasta el punto de que los localistas han tenido que acudir a las instancias judiciales para que, a través de la Fiscalía, se actúe en consecuencia, estudie lo que está pasando y se pueda poner solución a un grupo de menores desatendidos.