El Grupo Caballas, ante el "alarmante estado de suciedad que presenta toda la Ciudad, más acentuado en las barriadas", y la "incomprensible pasividad del Gobierno al respecto", presentó al Pleno de la Asamblea una propuesta que, tras una modificación propuesta por el PP, quedó en que “en el plazo de dos meses, se elaboraría una auditoria del servicio y se expondría a los grupos políticos en en el seno de la Comisión Informativa de Medio Ambiente”.
Sin embargo, y según la información recabada por Caballas en los servicios competentes, "el Gobierno de la Ciudad se ha olvidado por completo de este acuerdo y está promoviendo un expediente de rescisión del contrato de mutuo acuerdo con la adjudicataria Trace".
Pero es que, además, "en lugar de seguir el procedimiento habitual en estos casos, como se ha hecho recientemente por ejemplo con el contrato de limpieza de colegios, según el cual la antigua adjudicataria continúa prestando el servicio mientras se sustancia el proceso de licitación pública para seleccionar un nuevo adjudicatario", el Gobierno "pretende encomendar el servicio a Tragsa temporalmente”. Esta decisión "abre una serie de interrogantes que infunden una inevitable inquietud tanto por la gestión del servicio como por las condiciones en las que quedarían los trabajadores".
"Al tratarse Tragsa de un medio propio, tal y como queda legalmente definido y como repite el Gobierno hasta la saciedad, esta encomienda de gestión supondría, de hecho, no un cambio de empresa sino un cambio del modo de gestión que obligaría a activar el un procedimiento de municipalización de este servicio, que está regulado por la ley y cuya competencia corresponde al Pleno de la Asamblea", concluye.
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