Caballas judicializará el pliego de basuras si el Gobierno no lo paraliza

Al menos tres de las cuatro salidas de las que dispone el Gobierno de la Ciudad con la licitación del nuevo contrato conjunto de los servicios de limpieza pública viaria; recogida de residuos domésticos; suministro, mantenimiento y lavado de contenedores y papeleras; y recogida, retirada, almacenamiento, transporte e incineración de subproductos animales no destinados al consumo humano conducen a los Juzgados.
Los fallos detectados por los técnicos en el pliego redactado (criterios de valoración “subjetivos” y elusión de contenidos que exige la legislación) y las dificultades para interpretar sin generar “indefensión” y dar por cumplidos o no requisitos como el de “presentar compromiso formal” de disponer de unas instalaciones de 5.500 metros cuadrados han puesto a la Mesa de Contratación en un brete.
Tras su reunión del martes, que concluyó sin ningún acuerdo, el Ejecutivo local no dio ninguna información sobre la reunión de ayer.
El póker de opciones pasa por: a) suspender el contrato y hacer otro pliego; b) eliminar a la licitante del Grupo Sacyr por no tender unas instalaciones centrales del tamaño requerido (presenta las mismas que Urbaser-FCC, sobre las que la actual adjudicataria tiene la concesión del puerto); c) echar a las dos por no acreditar que disponen de otras instalaciones separadas para los residuos animales; d) abrir un plazo de subsanación de errores de impredecible ejecución y futuro.
A la posición firme de las empresas para no verse perjudicadas con la amenaza de recurrir a los Juzgados para defender sus intereses por un contrato de más de 160 millones de euros durante la próxima década y la necesidad de favorecer que haya competencia para evitar que el servicio siga bajo la sombra de la sospecha se une la presión de Caballas, que “en favor del interés general” aseguró ayer que judicializará el asunto si no se paraliza el concurso.
“No vamos a permitir que un pliego mal hecho por incompetencia acabe dando pie a un proceso judicial que suponga el enésimo pago de dinero público por juicios perdidos e intereses”, advirtió el portavoz de la coalición, Mohamed Ali.